La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) ha emitido un comunicado en el que advierte de las "pérdidas millonarias y del perjuicio" que aseguran supone la "desautorización judicial" de informes ambientales de parques eólicos "no solo para las empresas del sector energético, sino para todo el conjunto del sector industrial gallego".
"Las repercusiones empresariales son significativas. Varios proyectos eólicos han sido objeto de denuncias y recursos legales, lo que ha implicado costes económicos y ha generado incertidumbre e inseguridad jurídica para las empresas involucradas y para todo el tejido industrial de Galicia", expresa en un comunicado.
En esta línea, el presidente de la CEG, Juan Manuel Vieites precisa que "hay que tener en cuenta que las empresas promotoras han participado en una carrera contrarreloj para obtener una declaración de impacto ambiental favorable para aquellas instalaciones para las que ya contaban con permisos de conexión a la red".
Asimismo, critica que, "de modo sistemático", numerosos proyectos que han sido sometidos "durante meses e incluso años a rigurosos procedimientos de evaluación de impacto ambiental, sean suspendidos o rechazados, cuando dicho sistema aplicado con rigor, ya ha dejado sin Declaración de Impacto Ambiental favorable a muchos proyectos en sede administrativa".
"Preocupación máxima"
Los empresarios ven preciso valorar el alcance de esta paralización, ya que, en su opinión, no sólo afectará aisladamente a los proyectos objeto de instalación, sino que "tendrá graves implicaciones para otros proyectos nuevos y tractores de la economía" como los de hidrógeno y de amoníaco o fabriles ya anunciados y que "demandarán un gran consumo de energía nueva y renovable, que podrían peligrar si los desarrollos eólicos no se implantan en la comunidad".
Juan Manuel Vieites habla de "preocupación máxima" de todos los empresarios gallegos "ante la judicialización de un sector clave", lo cual genera "nefastas consecuencias" en la actividad económica y "con ello en el empleo y en futuras inversiones". "Estamos enviando señales que no favorecen la atracción de inversores y promotores de proyectos industriales a nuestra comunidad", expone.
