El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ya ha remitido al juzgado de Instrucción número 3 de Ferrol la pieza separada de la Operación Arena que implica al exdiputado popular Javier Escribano, investigado por cohecho y tráfico de influencias.
Fuentes del alto tribunal han informado hoy de que la sala de lo Civil y Penal acordó el 11 de noviembre inhibirse en favor del juzgado ferrolano, para que prosiga la investigación que arrancó en mayo en los tribunales de la ciudad naval.
Según las mismas fuentes, la causa se registró esta mañana en el juzgado ferrolano, y será su titular, Alejandro Morán, quien prosiga la instrucción del caso Arena.
El TSXG había asumido la competencia de la causa judicial en septiembre, por la condición de aforado de Escribano, entonces parlamentario popular en la Cámara autonómica.
Javier Escribano, expresidente del Nuevas Generaciones de A Coruña, presentó la renuncia a su escaño el 29 de octubre forzado por la dirección del PP de Galicia, que según ha podido confirmar Efe, conocía de antemano la investigación secreta al exdiputado a través de una filtración.
Escribano renunció a su cargo justo dos días después de que el TSXG levantase el secreto de sumario de la causa y se dirigiese al Parlamento gallego para ratificar la condición de aforado de Escribano, como paso previo a su imputación por los delitos de cohecho y tráfico de influencias.
La Operación Arena arrancó hace cinco meses a partir de una denuncia que la Asociación Gallega de Áridos interpuso contra la constructora de Pontedeume (A Coruña), Manmer S.L por un posible delito ambiental.
Desde julio del 2009 y hasta junio del 2010, la firma eumesa había importado 712.957 toneladas de residuos asfáltico de Holanda a través del puerto exterior de Ferrol.
Las escuchas telefónicas a Duarte revelaron su conexión con Javier Escribano, entonces diputado gallego.
Según los informes policiales del caso Arena, el empresario dijo que había regalado uno de sus coches, uno Porsche Boxter de 2003, al político a cambio de 'algunas gestiones' ante la Xunta, que había impuesto severas restricciones a la venta del árido asfáltico por su potencial contaminante.
El producto, procedente de Holandam llegaba a puerto español con la certificación europea (Marcado CE), que supuestamente acreditaba que había sido reciclado y valorizado como base granular para obras civiles y asfaltado de pistas.
Sin embargo, las analíticas realizadas por la Fiscalía en 2010, a partir de una primera denuncia de AGA en diciembre del 2009, determinaron que el producto era contaminante para el medio y nocivo para la salud.
El juzgado ferrolano remitió una pieza con la causa de Escribano al TSXG en agosto, pero la renuncia del político a su escaño ha devuelto el caso a Ferrol.
El empresario de Pontedeume, Fermín Duarte, también está imputado en la causa. Fue detenido el 27 de octubre y quedó en libertad con cargos tras declarar en el juzgado.
