La inhabilitación por parte del Comite de Xustiza Deportiva de la Xunta de Galicia no cogió por sorpresa al hasta hace un mes presidente de la Federación Galega de Automobilismo, Iván Corral.
El máximo mandatario del ente autonómico dejó todo bien preparado para cumplir su año "en la nevera" por un caso de "abuso de autoridad" y "uso ilegítimo del cargo" y además de situar en el cargo de presidente a su esposa, Gloria de Burgos Pousa mientras él ostentará el cargo de presidente de la comisión delegada de la FGA (algo que podrá hacer al no ser un puesto remunerado) dejó un seguro de responsabilidad civil (a nombre de la Federación) que cubriría una inhabilitación que finalmente llegó.
El movimiento, perfectamente lícito aunque cuestionable en la forma, tiempo y medida que se hace (con la Xunta acechando y planteando su inhabilitación), cubre una serie de causas por las que podría pasar a cobrar 3.000 euros al mes durante un año (36.000 euros).
En esa póliza, firmada por Iván Corral y con el sello de la Federación Galega de Automobilismo, en el apartado de coberturas y sublímites, dada de alta en enero del pasado año, se añade un epígrafe (concretamente el número 20) en el que se especifica que en caso de "inhabilitación profesional de los administradores u altos cargos (como es el caso del presidente de la FGA, Iván Corral)" el tomador (la propia Federación Galega de Automobilismo) cobrará ese dinero.
Y es que a pesar de que durante los meses previos se abonó la mensualidad correspondiente a este seguro de responsabilidad civil (1.486.10 euros), los réditos de esta póliza revertirán directamente sobre la FGA, que ahora preside su esposa.
Sanción de 25.000 euros
A pesar de que su inhabilitación esta recurrida ante el contencioso administrativo y la decisión no es firme, también existe una sanción económica planteada sobre Iván Corral después de que la Xunta pusiera en cuestión su liquidación como empleado de la Federación y el pago de alquileres en los bajos que son de su propiedad.
Esta sanción económica asciende a los 25.193 euros que tuvieron que ser abonados previa resolución del recurso que tiene presentado ante la justicia.
