Construido en 1996, residen en él 18 familias, que hasta 2012 no supieron que las casas eran ilegales
Una sentencia obliga a demoler parte del edificio número 74 de la céntrica calle Espido de Verín, en el que residen 18 familias, a las que, según explicó su abogado defensor, Antonio Feijóo Miranda, se les está emplazando a abandonar sus viviendas para" proceder a la demolición parcial del inmueble".
El edificio fue construido en el año 1996 por la empresa Criserinca, que en la actualidad está proceso de liquidación, contando entonces con licencia municipal. Un vecino denunció que la construcción era ilegal y el litigio llegó al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y, posteriormente, al Supremo, que dieron la razón al denunciante, anulando las licencias concedidas. Durante el proceso, el propio Concello revocó la licencia de obra, pero, según Feijóo Miranda, sin dar conocimiento de esta decisión en el Registro de la Propiedad. La promotora tampoco alertó del litigio judicial lo que provocó, según dio a conocer el Antonio Feijóo, que las 18 familias compraran viviendas (para 17 de ellas es su único domicilio) sin tener conocimiento de las irregularidades. "Hasta hace dos años no se enteraron de lo qué estaba pasando y aún no nos dieron la oportunidad de personarnos en en el expediente, conocer que partes van a ser demolidas y el coste", aseguró el letrado.
Coste del proyecto
El Concello promovió ahora un expediente de disciplina urbanística para que la empresa Criserinca reponga la legalidad y los vecinos no resulten afectados. Fuentes de la empresa aseguraban ayer que los trabajos a realizar son "menores" y afectan al cambio de algunas ventanas, la demolición de unos muros y modificar las plazas de garaje. Estiman el coste del proyecto en unos 80.000 euros.
El abogado de los vecinos no comparte este argumento y asegura que las obras a realizar "afectan a buena parte del inmueble.
El letrado anunció que pedirá indemnizaciones al Concello por los días que estén inutilizadas las viviendas, daños causados y pérdidas de valor en cada uno de los pisos y bajos.
El alcalde, Juan Manuel Jiménez Morán, declinó pronunciarse sobre la situación hasta que no revise todo el expediente. El regidor firmó el pasado 11 de julio un decreto con el que concedía licencia a la empresa Criserinca para acometer los trabajos de legalización del citado inmueble con la condición de que se ajusten al proyecto redactado por los arquitectos Alberto Paula y Aurelio Outeiriño.
Entonces, el Concello dio seis meses para iniciar los trabajos (el plazo está a punto de concluir), que deben estar rematados en un período de tres años.
Los vecinos se niegan a abandonar sus viviendas. Su abogado mostraba ayer su malestar porque no se le informa de todo el proceso de legalización urbanística, de los costes que supone la demolición y de que hasta el momento no se diera audiencia a los vecinos para advertirles de la situación de irregularidad. Ante esto, Feijóo Miranda no descartaba ayer emprender acciones judiciales contra el Concello y la promotora.
