El Concello advierte de que la orden de derribo de los áticos de un edificio supondrá un desembolso inasumible

La concejala de Planificación Urbanística del Concello de Carballiño reconoció la preocupación del grupo de gobierno ante la reciente orden del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia de demoler dos áticos del edificio del antiguo hotel Rogelia. El Concello presentará un recurso de súplica porque le supondrá un importante desembolso económico.
‘Estamos preocupados por esta sentencia non só por os efectos económicos que conleva para o Concello senón tamén por as persoas que viven neses áticos’, señaló ayer la concejala de Planificación Urbanística de Carballiño, Asunción Rivero, tras conocer la resolución del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que obliga a derribar dos áticos del edificio del antiguo hotel Rogelia.

La edil matizaba que la solicitud de la inejecutabilidad por parte del Concello resultó favorable en parte, al estimar el Alto Tribunal gallego en esta ocasión que no se debe demoler la quinta planta, que había sido incluida en la sentencia emitida en mayo de 1994. No obstante, Rivero también manifestó su preocupación por la existencia de duplex en esa última planta que ‘tamén poden verse afectados’.

‘O equipo xurídico do Concello e o abogado que levou este caso están estudiando as posibilidades que hai’, señaló, al mismo tiempo que anunciaba la presentación del recurso de súplica incidiendo en la inejecutabilidad del derribo, en base a los posibles daños que pueda ocasionar en la estructura del edificio.

Asimismo, Asunción Rivero, puntualizó que ‘esta é unha circunstancia heredada, xa que a licencia de obras foi otorgada en 1991 cando era alcalde Argimiro Marnotes (padre del actual portavoz del PP), aínda que temos que afrontala como institución que somos’.

Al respecto del coste económico que puede implicar para las arcas municipales, la concejala señaló que ‘non fixemos estimacións pero sabemos que é motísimo diñeiro’, teniendo en cuenta el gasto del derribo, el alojamiento de las familias afectadas y las posibles indemnizaciones que se deriven para ellos y los tres vecinos que denunciaron las irregularidades urbanísticas, por no ajustarse la construcción a las antiguas normas subsidiarias vigentes hasta 1998.

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