El Concello de Melón procederá a derribar el pabellón multiusos Cruceiro Gordo financiando las obras con los planes provinciales de la Diputación de Ourense, según el acuerdo alcanzado con el Juzgado Contencioso Administrativo número 2, que permite la ejecución en varios años y en función de la capacidad económica municipal.
El alcalde de Melón, Emilio Díaz, declara que las estimaciones sobre el coste del derribo rondan los 200.000 euros y, por ello, calcula que en dos o tres años se restituirá la legalidad, eliminando esa edificación que cuenta con una superficie de aproximadamente 500 metros cuadrados. El regidor confía en que se llevará a cabo en los años 2024 y 2025, teniendo en cuenta el plan único del reparto de fondos a los concellos por parte de la Diputación, “polo que esperamos máis financiamento, que nos permitirá derribalo en menos tempo”.
El Cruceiro Gordo comenzó siendo un centro de artes y oficios hace más de 30 años. “O edificio só tiña a estrutura exterior e o tellado e foi Alberto Pardellas, cando era alcalde, o que construiu unha piscina olímpica, gradas, un ximnasio, unha pista polideportiva e outra de padel, ademais dunha gardería que chegou a funcionar pese a que as obras que se fixeron eran ilegales”, matiza Emilio Díaz.
Sentencia
Una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) del 2014 obliga al Concello al derribo de estas instalaciones, en las que se invirtieron durante varios años en torno a un millón y medio de euros. El alto tribunal gallego desestimaba el recurso de apelación interpuesto por el Ayuntamiento contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 2 de Ourense en noviembre de 2013, considerando que se había producido una infracción urbanística grave, al ejecutar las obras en un suelo clasificado como urbanizable delimitado.
El Concello ya había aprobado en 2017 un plan sectorial dotacional para legalizar las instalaciones y en base a eso el PP, cuyo portavoz es Alberto Pardellas, solicita ahora que se desarrolle para evitar el derribo. El alcalde, no obstante, asegura que eso es imposible “porque hai unha orde de derribo”.
El PP solicita un pleno extraordinario
“A culpa é de quen fixo as obras”, señala Emilio Díaz, quien recuerda que la anterior alcaldesa ya tuvo que pagar varias sanciones de 600 euros por no cumplir la sentencia. Por ello, el pleno ya aprobó destinar la partida económica de los planes provinciales a la ejecución de los trabajos de derribo.
El PP, por su parte, ha solicitado por segunda vez la convocatoria de un pleno extraordinario mediante el que quiere acceder a toda la documentación existente sobre la edificación y acordar “o desenvolvemento do plan especial dotacional así como levar a cabo as accións necesarias para dar debido cumprimento ao acordo plenario de aprobación definitiva do mesmo”. Los “populares” reclaman “un debate sobre a legalidade do multiusos e a creación dunha comisión de investigación para depurar responsabilidades das xestións realizadas polos ex alcaldes Alberto Pardellas e Cristina Francisco, e do alcalde actual, Emilio Díaz”.
“Esta será a última vez que o solicitamos por a vía política, e no caso de que non atenda a celebrar o pleno, verémonos obrigados a ir pola vía xudicial”, matizan desde el PP. El regidor declara que se convocará la sesión una vez que la oposición especifique la documentación que solicita.
