Hasta 350 dependientes, a la espera de acceder a una residencia pública en Ourense

Las residencias de mayores de la provincia registran actualmente una lista de espera de hasta 350 personas dependientes -que precisan ayuda para llevar a cabo actividades básicas del día a día-, según los últimos datos de la Consellería de Política Social. En el conjunto de la comunidad, la cifra asciende a un millar de solicitantes, lo que da cuenta de la falta generalizada de plazas públicas. En el caso ourensano, de las 5.500 camas existentes en centros geriátricos, solo 1.450 son de titularidad autonómica o local, es decir, apenas un 26% del total.

Carlos Dosil, presidente de la Asociación Galega do Sector da Dependencia (Agasede), estima un plazo de hasta 10 meses para acceder a un centro público, y recuerda el riesgo de empeoramiento de las personas que esperan. “Los tiempos, en estos casos, son muy importantes. A veces, desde que se solicita hasta que se concede la plaza, la situación de la persona se agrava drásticamente. No podemos dejar que esto siga pasando”, explica.

Por su parte, Rafael Vázquez, vocal de centros gerontológicos de la junta directiva de la Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría (SGXX), recalca que “muchos se mueren antes de que el servicio llegue” y pone el foco en la familia. “No solo empeora la salud de la persona dependiente, la espera deteriora también a su entorno, especialmente a las mujeres, que son quienes más desempeñan tareas de cuidados”, señala.

Mientras no se accede al centro residencial, no obstante, los solicitantes reciben una prestación económica de hasta 900 euros por parte de la Xunta, según la capacidad económica y grado de dependencia. El Gobierno autonómico también cuenta con iniciativas como el Servicio de Ayuda en el Hogar (SAF), que suponen una ayuda para las familias. Además, desde la Consellería de Política Social aseguran que, de las 350 personas en lista de espera en la provincia, “en muchos casos ya se ha declinado una plaza pública o una ayuda para hacer frente a un centro de otra titularidad, por tener otras preferencias”.

SOBREOCUPACIÓN

La situación de sobreocupación en las residencias de mayores abarca tanto a centros públicos como privados. De los seis geriátricos privados que forman parte de Agasede en la provincia, todos están al 100%. “Y no tiene miras de cambiar en los próximos meses. Es cierto que la ocupación es algo estacional, habitualmente sube en verano y de cara a otoño se reduce”, detalla.

La falta de plazas en toda Galicia implica la existencia de demanda entre las provincias. “Se están llamando a las residencias ourensanas desde hospitales de A Coruña o Pontevedra, porque también allí hay sobreocupación”, apunta.

La Fundación San Rosendo, que dispone de 32 centros en la provincia para mayores válidos y dependientes, intenta dar respuesta “lo más rápido posible” a la demanda. En aquellos casos en los que no es posible acceder a la residencia solicitada, por no contar con disponibilidad, se proporciona una alternativa en otro de los centros.

Más plazas concertadas

Carlos Dosil señala el reducido número de oferta pública y concertada en la provincia, lo que fuerza a las familias a pagar una cama en centros privados. El precio medio de una plaza en una residencia que no depende de la administración oscila entre los 1.700 y 1.800 euros por mes en la provincia, una cifra similar a Lugo, pero que se incrementa en A Coruña o Pontevedra, donde puede alcanzar los 2.000 euros. Actualmente, en Ourense hay 1.447 personas que reciben ayuda económica del Gobierno gallego para hacer frente a este gasto.

El presidente de Agasede reconoce la dificultad de la gestión, pero pide a la Xunta revisar las cuantías de las plazas concertadas para favorecer su proliferación. “El precio de la plaza concertada que ofrece la administración es mucho más bajo que la privada, y mucho menos de lo que se está ofreciendo en otras comunidades. Tiene que haber bonificación al alza”, recalca.

El geriátrico de la Fundación Amancio Ortega añadirá 120 plazas a la oferta

La futura residencia de la Fundación Amancio Ortega todavía no cuenta con fecha de inicio de las obras, después de que el gobierno local cambiase el pasado febrero el uso de la parcela de la antigua estación de buses. El centro, construido, financiado y equipado por la entidad, pero gestionado por la Xunta, contará con un total de 120 plazas públicas y ofrecerá servicios especializados para personas que sufran algún tipo de deterioro cognitivo. En particular, la residencia incorporará una unidad psicogeriátrica dedicada a mayores con alzhéimer o con otras demencias.

En el conjunto de la comunidad, la Fundación pondrá en marcha en los próximos meses 900 plazas de titularidad pública, divididas entre las siete ciudades gallegas.