Una unidad policial, Asuntos Internos, chapucera y un juez instructor que hizo "un acto de fe" al confiar en ella y autorizar la intervención telefónica de nueve policías. Esta fue la carta de presentación de los abogados de la operación Zamburiña contra el tráfico de drogas en la segunda sesión del juicio para argumentar cuestiones previas encaminadas a solicitar la nulidad de las escuchas, la principal prueba de cargo de la fiscal para casi que no todos (hay 13 encausados, cuatro de ellos policías del grupo de Estupefacientes de la Policía Nacional en 2015).
Hubo muchos argumentos coincidente que gravitaron, sobre todo, en la poca honestidad, según ellos, de la Unidad de Asuntos Internos a la hora de pedirle al juez de Instrucción 1 que pinchara los teléfonos a policías de Ourense y así investigar una presunta red de corrupción policial en la comisaría. "Al juez se le engaña, no se le dice toda la verdad", aseguró José Ramón Sierra, el letrado que representa a los policías Felipe M.A. y Mercedes C.G., y "su señoría tiró para delante". En noviembre de 2014, Asuntos Internos recibió un anónimo que hablaba de un grupo criminal en la Policía Nacional de Ourense al que responsabilizaba del robo de seis armas del búnker para venderlas en el mercado negro así como de pasar información a traficantes de droga con la anuencia de sus superiores.
Al magistrado solo se le entrega un oficio con párrafos extractados del anónimo y no se le dice, en un primer momento, que el informante se identifica como otro policía que teme por su vida o que ese comunicante ya había contactado con la unidad en anteriores ocasiones.
Ricardo Orbán, el letrado que representa a José Ramón R.R.y a su mujer, Estrella D.G., valoró que solo el hecho de que el informante fuese un policía era suficiente importante como para "que esa información le fuera trasladada el instructor en el momento inicial".
En ese mismo documento, la unidad realiza una breve investigación en la que incorpora un brevísimo seguimiento de otro de los policías investigados, Antonio R.F., accesos ilícitos a las bases de datos policiales atribuidas al mismo agente (dos a la misma hora desde plantas distintas) y unos atestados con operaciones policiales que considera sospechosas por irregulares. A día de hoy, aunque el autor del anónimo está sin identificar de cara a una imputación formal, la UDEV de la comisaría responsabiliza a los gemelos Bernardo y Roy D.L. con ayuda de Celso Blanco. Considera que son los mismos que robaron las armas con el único fin de perjudicar a unos compañeros. Tres de ellas aparecieron en el despacho en donde fue encontrado el 9 de abril de 2016 el cadáver de Celso Blanco cuya muerte está siendo investigada con los gemelos como imputados.
A partir de ahí, un auto, fechado el 5 de marzo de 2015, autoriza los pinchazos telefónicos, con las consiguientes prórrogas (de esos nueve agentes a los que se puso sobre la lupa de las escuchas solo se acusó finalmente a Antonio R.F.).
Jorge Temes, el abogado de la encausada a la que se ocupó casi seis kilos de cocaína y heroína, Josefa P.G., Pucha, pidió a la sala que expulse de las diligencias -30 tomos- el contenido de las intervenciones telefónicas y los registros que se derivaron de las mismas "porque no hay una resolución que las ampare". "Al ser rotundamente falsa la noticia criminal que mueve al juez a dictar el auto de apertura es como si este no existiera", aseveró.
El abogado hasta se puso en la cabeza del juez de la Zamburiña. El titular del Instrucción 1, Leonardo Álvarez, fue al que le llegó una denuncia de la comisaría dando cuenta el 5 de septiembre de 2014 de la desaparición de tres armas (en febrero de 2015 se presentó otra anunciando el robo de otras tres). Las pistolas, valoró ayer, se robaron en el mismo momento y el juez al archivar la primera denuncia por falta de autor conocido se quedó frustrado. "Dictó un auto inmotivado en marzo por el fracaso de aquella investigación sobre el robo de armas", apostilló.
Y, aunque su clienta confesó ante el instructor, asegura que no debe ser tenido en cuenta por el tribunal al ser en base a una escuchas "inmotivadas" que le pusieron delante.
Ana Carnicero, abogada de Fátima F.G., y José Manuel Rodríguez Díaz -representa a Xacobe B.F.- invocaron la teoría del fruto del árbol envenenado: algo que nace viciado acaba invalidando los resultados.
