El caso de una ladrona que supuestamente se aprovechó de un ligue esporádico llegó ayer a la sala de vistas del Juzgado de lo Penal 2 de Ourense. Acusada de un delito de hurto, Ana B.R.G se encuentra actualmente ingresada en el centro penitenciario de Bonxe, en Lugo. Según el escrito de acusación, durante la madrugada del 26 al 27 de julio de 2019, acompañó a un hombre a su domicilio, situado en la capital ourensana, una vivienda que la víctima compartía con su hermana. “Se echó un ligue de una noche y, a la mañana siguiente, cuando él se fue a trabajar, le preguntó si podía quedarse un poco más y le desvalijó la casa”, explicaron fuentes de la Fiscalía.
Entre las cinco de la madrugada y la una del mediodía, “con ánimo de obtener un beneficio patrimonial ilícito y aprovechando que el denunciante se había ausentado de la vivienda, dio aviso a José C.B.L. y, puestos de común acuerdo, se apropiaron de 900 euros en efectivo, electrodomésticos, joyas y otros efectos personales que se hallaban en el domicilio”, según las conclusiones provisionales.
El valor de los efectos sustraídos ascendió a 6.184 euros, según la tasación pericial, aportada por la compañía de seguros Caser, que ya pagó en su momento esa cantidad al perjudicado.
La fiscal pide para la investigada una condena de 15 meses de prisión y señala que concurre la agravante de reincidencia. De hecho, Ana B.R.G. tiene antecedentes penales por delitos contra el patrimonio en sentencias firmes de febrero y mayo de 2019. El otro encausado, el presunto cómplice, que no tiene antecedentes penales, debe afrontar una petición de pena de nueve meses de cárcel. Ambos deberán indemnizar de manera solidaria, si son condenados, a la compañía Caser con 6.184 euros.
Multa de 1.000 euros
En la vista de ayer no comparecieron ni un acusado, ni la víctima, ni dos testigos, por lo que la jueza suspendió el acto para el próximo 15 de diciembre. Además, la titular del Juzgado de lo Penal 2 apercibió a los dos testigos que no se presentaron de que pueden ser detenidos y multados con 1.000 euros si no acuden a la siguiente cita. En ella podrán visionarse imágenes grabadas como prueba del caso.
