Un informe del interventor cuestiona la devolución de la fianza aprobada por el PSOE y la licencia concedida por el PP.
La polémica por la urbanización de la calle en la que reside el alcalde, Agustín Fernández, continúa copando la actividad de los dos principales partidos de Ourense. Así, el PP amplió ayer la denuncia presentada el pasado 20 de marzo para aportar más datos a la Fiscalía sobre unos hechos que considera constitutivos de los presuntos delitos de prevaricación, malversación y tráfico de influencias. En un escrito, los populares aportan documentación de informaciones aparecidas en prensa e instan al fiscal a que requiera al Concello los expedientes completos de la licencia de ocupación y el proyecto de obra, respectivamente, de dos vecinos del alcalde. Incorporan, además, un escrito de Agustín Fernández alegando la necesidad de mantener el aval depositado.
Mientras, el alcalde, Agustín Fernández, aseguró que "o señor Rosendo (Fernández) está facendo o ridículo máis espantoso porque denuncia ante a Fiscalía a este alcalde por unha actuación da xunta de goberno do 2009, na que di que hai prevaricación, e non sei se vai ter que ir a denunciar á xunta de goberno do PP que me concedeu as demais licencias". Aunque no lo mencionó expresamente, el alcalde podría referirse a un párrafo del informe del interventor que le insta a pagar casi 28.000 euros de la urbanización de su calle en el que realiza una consideración sobre las decisiones de la junta de gobierno del PP y las licencias del regidor.
Así, el interventor aclara que su informe refleja una perspectiva "exclusivamente económica y financiera" y que no entra a valorar otras cuestiones que, a su juicio, "pudieran resultar de igual o mayor trascendencia de cara a la exigencia de responsabilidades, como bien pudiera ser el hecho de que se hayan otorgado licencias en contra de informes técnicos y sin ningún tipo de fundamentación jurídica", haciendo referencia expresa al acuerdo de la junta de gobierno del 18 de enero de 2007, que concedió licencia de ocupación a la vivienda del alcalde -que entonces aún no había entrado en política- a pesar de que no se habían hecho las obras de urbanización. Tras recibir este informe, la concejala de Urbanismo, Áurea Soto, dictó ayer sendas providencias encaminadas a encargar el informe jurídico sobre la resolución del interventor y a que se dé copia del expediente a los vecinos afectados.
Casos similares
Por otro lado, Agustín Fernández reiteró que está "rotunda e absolutamente confiado de que actuei legalmente" y considera "perfecto que la Fiscalía abriese diligencias informativas sobre la devolución del aval para la urbanización de la calle en la que reside. Sobre la posibilidad de que tenga que pagar 28.000 euros, tal y como calcula el interventor, el regidor afirmó que "asumirei todo no ámbito municipal" pero que, en caso de que no le satisfaga la resolución que adopte el Concello, "recurrirei á vía xudicial" para defender su posicionamiento de que no le corresponde abonar aval.
En este sentido, el regidor ya presentó en la Fiscalía otros siete casos de vecinos a los que se les devolvió el aval presentado una vez realizada la urbanización de sus calles. Los ejemplos aportados corresponden a la avenida de Zamora, cuatro casos en la calle Alfredo Brañas -urbanizada por la Diputación-, y otros dos en la calle Remedios.
