LR- Las necesidades de la Justicia ourensana son analizadas por la junta de jueces y transmitidas al Tribunal Superior de Xustiza. Para el juez decano de la ciudad, Antonio Piña, se trata de que se la Justicia sea más accesible al ciudadano.
¿Qué valoración realiza de las necesidades apuntadas por el Tribunal Superior? En Ourense, desde abril de 2006 se inició un proceso de especialización (división de jurisdicciones en civil y penal) y entendíamos que este proceso iba a determinar dos problemas. En el ámbito civil, que era insuficiente el número de juzgados para atender la carga de trabajo y así se demuestra: los juzgados están por encima del nivel máximo de entrada de asuntos que el Consejo General del Poder Judicial estima razonable para un órgano de primera instancia y esto provoca que el tiempo de resolución se prolongue, porque hay más asuntos y más complejos. En instrucción, el problema se establece en el juzgado que lleva violencia doméstica.
¿Por qué es necesario un juzgado de Familia en Ourense? Tenemos número suficiente de asuntos para poder llevarlo a cabo. Especializar la jurisdicción implica que el juez tiene un mayor nivel de especialización técnica en la materia que resuelve y una mayor unidad de criterio a la hora de establecer las bases. En el caso de Familia, tendríamos que tener un equipo psicopedagógico que pudiera ayudar a la hora de evaluar a quién debe atribuirse el régimen de visitas y cómo debe realizarse éste. Esta última es una de las carencias que en Ourense hemos reivindicado, intentando tener un grupo psicopedagógico que cubriese toda la provincia.
¿Qué cuestiones aborda un juzgado de Familia? Todos aquellos asuntos que vienen derivados de separaciones, divorcios, modificación de medidas provisionales o definitivas, la ejecución de bienes gananciales... En definitiva, a los que hace referencia a la crisis matrimonial y de parejas de hecho y a los hijos en su relación con los padres. En este tema es muy importante que haya un criterio único y sea conocido por las partes, porque aumenta la posibilidad de lograr que haya muchos más acuerdos con carácter previo. Muchas separaciones que iban de forma contenciosa porque no se sabía cómo iba a reaccionar el juez van a ser reconvertidas en mútuo acuerdo, lo que va a favorecer su cumplimiento.
¿Aliviaría la situación de los juzgados de primera instancia? Sí, porque absorbería todos los temas de Familia que ahora están resolviendo estos juzgados.
¿Cree que hay posibilidades de que, a corto plazo, Ourense cuente con este juzgado? En el Tribunal Superior de Xustiza hay un consenso en este sentido. Esta misma receptividad se ha encontrado en conversaciones con la Xunta, por lo que creo que casi se puede afirmar a un 90% que el juzgado se va a crear.
¿Y el resto de las demandas? Al ser tan escaso el número de plazas (nuevos órganos judiciales) para Galicia es muy complicado que se pueda crear un juzgado de lo Social porque los sociales en Ourense tienen un funcionamiento espléndido, sin retraso. El problema de violencia es más complicado porque en la capital el número de asuntos en violencia doméstica es inferior al que exige el Consejo para crear un juzgado. Sin embargo, al compaginar estos asuntos con los de un juzgado de instrucción se genera su necesidad, así como la de que un juzgado de violencia venga acompañado de psicólogos y personal que pueda prestar al juez una cooperación.
¿Qué opina de la necesidad de un nuevo edificio? El edificio actual no satisface la necesidad de prestar un servicio al ciudadano. En la actual legislatura, el nivel de inversión de Justicia en Ourense está siendo escasísimo, prácticamente limitado a modificar el emplazamiento del Imelga. Otro dato es que el espacio físico se ha agotado. Por otro lado, hay una cierta discriminación en relación a lo que se está haciendo en otros lados: se crea en Vigo la ciudad de la Justicia, también hay obras en A Coruña y aquí la inversión que se hace es cero. Esto provoca una imposibilidad de crear servicios nuevos en el actual Palacio y de prestar adecuadamente la función social que tiene la Justicia. Sobre esto, hubo un primer intento donde el Ayuntamiento ofreció suelo y ahora la consellería pretende volver a hablar con él a ver qué posibilidades hay.
¿A qué se refiere con nuevos servicios? Resulta inconcebible que, disponiendo este Palacio de Justicia de 200 funcionarios, sea imposible que haya un servicio de atención al público en la primera planta, con dos funcionarios para explicar a los ciudadanos a dónde tienen que ir e incluso las resoluciones judiciales. También la oficina de atención a las víctimas, que tiene ahora como problema de creación la falta de espacio y la necesidad de agrupar los juzgados por órdenes jurisdiccionales, porque no es lógico que haya un juzgado de instrucción en la planta segunda y otros en la tercera.
