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Crisis del covid
Limitaciones de aforo, restricciones en las reuniones privadas y en los eventos, blindaje de residencias y centros de mayores y otras medidas de control volverán a regir en el concello de Ourense a partir de esta medianoche por el coronavirus, a raíz del aumento de contagios y la vulnerabilidad de los mayores. Al igual que sucedió en otros concellos de Galicia, como A Coruña, Oleiros, Cambre o Culleredo, la Xunta de Galicia establece un paquete de restricciones detalladas esta tarde en el Diario Oficial de Galicia y que serán revisadas en el plazo de una semana.
Las medidas decretadas son las siguientes [puede consultar aquí el documento completo]:
Prioridad a los mayores de 75 años
La Xunta de Galicia, a raíz de los últimos datos sobre la expansión del coronavirus en la ciudad de Ourense, recomienda a las personas mayores de 75 años, a las vulnerables al virus y aquellas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria "que se pueda ver agravada por el uso de la máscara o que presenten alguna alteración que haga inviable su utilización", que eviten salir a la calle en horas de previsible afluencia o concentración de personas en la vía pública y en espacios o establecimientos abiertos al público, con el fin de reducir los riesgos derivados de la coincidencia con otras personas.
Estas restricciones también se aplicarán a Laracha, Carballo, Santiago de Compostela y Santa Comba.
Tres nuevos brotes en Ourense
Sanidade ha confirmado la aparición de tres nuevos brotes de coronavirus en la provincia de Ourense, con diez contagios en la capital, en Cea y Riós.
El brote detectado en la provincia de Ourense afecta a cuatro hombres, uno de 31 años y 3 de 30. Todos ellos en aislamiento y seguimiento a domicilio.
En Cea, el brote es del tipo familiar y afecta a 6 personas: 2 hombres de 34 y 56 años, 3 mujeres de 33, 35 y 56 y un menor. Todos ellos se encuentran en aislamiento.
Las restricciones establecidas por la Xunta no serán aplicable en el caso de actividades laborales y administrativas, actividades en centros educativos, de formación y ocupacionales, siempre que se adopten las medidas previstas en los correspondientes protocolos de funcionamiento. El incumplimiento de estas medidas podrá dar lugar a la imposición de sanciones y se solicitará la colaboración de las fuerzas y cuerpos de seguridad.
Finalmente, y dado que la orden puede afectar a derechos fundamentales, se solicitará su ratificación judicial.
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