La cuenta atrás continúa para el Ateneo. La entidad sigue su periplo para evitar tener que abandonar sus instalaciones en la Torre el próximo día 30 (viernes). El de ayer era, a priori, un día importante para intentar retrasar la ejecución de esta orden de desalojo. Sin embargo, lo que aparentemente es un error del Juzgado deja, de nuevo, el futuro en el aire.
El presidente de la entidad, José Antonio Fidalgo Santamariña, acudió ayer al Juzgado de Primera Instancia número 1 con la esperanza de que se celebrase una vista en la que 'según ponía la citación que me enviaron, se resolvería sobre la suspensión de alzamiento de esa sentencia', explica. No en vano, en sus intentos por parar la situación, Fidalgo había solicitado que se suspendiese la ejecución del fallo judicial hasta que le fuese asignado un abogado de oficio.
Sin embargo, la sorpresa del presidente del Ateneo fue mayúscula cuando se encontró con que 'la juez me dijo que no había ninguna vista, que tenía que presentar la documentación que justificara la presencia del Ateneo en sus instalaciones'. Según explica Fidalgo Santamariña, que se quedó 'descolocado', la juez atribuyó la confusión a un 'error' en la citación. Pero no llevaba consigo toda la documentación. En parte, porque ya entregó en el Juzgado el documento por el que el Ministerio de Información otorgaba las llaves a la entidad en 1974. También porque espera que le asignen abogado para que le asesore. Fidalgo dice estar 'desilusionado porque me da la impresión de que no tengo opción a presentar la documentación'. Espera que la juez resuelva sobre la suspensión antes del 30. En caso contrario, 'habrá que cumplir con la legalidad', dice Fidalgo. Cree que la ciudad debería implicarse, dado que 'son espacios que cumplen una función social y se van a ir a una empresa privada'.
Sin embargo, la sorpresa del presidente del Ateneo fue mayúscula cuando se encontró con que 'la juez me dijo que no había ninguna vista, que tenía que presentar la documentación que justificara la presencia del Ateneo en sus instalaciones'. Según explica Fidalgo Santamariña, que se quedó 'descolocado', la juez atribuyó la confusión a un 'error' en la citación. Pero no llevaba consigo toda la documentación. En parte, porque ya entregó en el Juzgado el documento por el que el Ministerio de Información otorgaba las llaves a la entidad en 1974. También porque espera que le asignen abogado para que le asesore. Fidalgo dice estar 'desilusionado porque me da la impresión de que no tengo opción a presentar la documentación'. Espera que la juez resuelva sobre la suspensión antes del 30. En caso contrario, 'habrá que cumplir con la legalidad', dice Fidalgo. Cree que la ciudad debería implicarse, dado que 'son espacios que cumplen una función social y se van a ir a una empresa privada'.
