El exalcalde y Campo Labrador están acusados de no exigir el 10% del suelo a los promotores
El juicio del llamado “caso del 10%”, que sienta en el banquillo de la Audiencia provincial al exalcalde de Ourense Manuel Cabezas (1995-2007) y al exedil de Urbanismo Ricardo Campo Labrador (1999-2003), cuando gobernaba el PP en el Concello, arrancó este lunes con la primera de las cinco entregas previstas para este proceso penal. La vista oral gravitó principalmente sobre las declaraciones de los dos políticos, acusados por un delito de prevaricación por omisión en concurso con malversación de caudales públicos.
La fiscalía y la acusación popular -que ejerce la exconcejal de Urbanismo del PSOE Áurea Soto, quien denunció el caso en 2014, recriminan a los imputados el “regalo” de suelo a los promotores inmobiliarios al eximirles de la obligatoria cesión del 10 por ciento del suelo urbano no consolidado, valorado en 1,6 millones de euros, alusivo a 15 expedientes urbanísticos que fueron tramitados entre 1997 y 2003. En base a esa imputación, reclaman penas de siete años de cárcel e inhabilitaciones absolutas para el ejercicio de empleo o cargo público (ambos están retirados ahora de la política) durante 27 y 15 años, respectivamente, además de indemnizaciones millonarias.
Manuel Cabezas aseguró que él siempre actuó siguiendo los dictámenes de los técnicos del Concello a la hora de dar vía libre a las exenciones urbanísticas, y que el secretario municipal de entonces, Mariano Rodríguez (ya fallecido), nunca le advirtió de ninguna ilegalidad. Cuando aterrizó en el Ayuntamiento con mayoría absoluta en 1995, aclaró, mantuvo el criterio aprobado en un pleno de 15 de diciembre de 1994, a propuesta del secretario, con Manuel Veiga Pombo (PSOE) como alcalde, por falta de un plan urbanístico adaptado (entonces regía el PXOM de 1986 y no estaban fijados los aprovechamientos en todo el entorno urbano por lo que se podían generar arbitrariedades).
Aunque posteriormente las leyes del suelo gallega y estatal (de 1997 y 1998, respectivamente) recogían que debían realizarse cesiones en los polígonos de suelo urbano no consolidado al patrimonio municipal, Cabezas afirmó que “jamás” (una palabra que repitió en numerosas ocasiones) “se me advirtió” de ese extremo en los informes de la Comisión Informativa de Urbanismo, “en la que también estaba la oposición”. Posteriormente, llegaban a la Comisión de Pleno, en donde no había debate de los dictámenes “con respaldo” (refrendados por los ediles de las comisiones correspondientes), y posteriormente pasaban al pleno municipal, con el aval de los técnicos y el secretario. El investigado asegura que “nunca” participó en las Comisiones de Urbanismo. “Según tomé posesión -dijo- delegué en los órganos colegiados”.
Ingeniero agrónomo sin conocimientos jurídicos
El exregidor advirtió que es ingeniero agrónomo sin conocimiento jurídicos. “No tenía forma de saber que el cambio de ley afectaba a esos expedientes porque estaban informados favorablemente por Urbanismo y los técnicos”, aseguró, y lanzó una pregunta: “¿Cómo voy yo a interpretar algo diferente a lo que dicen los informes?”. Se limitaba a dar el visto bueno a las propuestas de resolución finales “pero ni leía ni conocía los considerandos”, en alusión a que hay dictámenes que añadían apostillas sobre que no se cumplía la cesión del 10% que marcaba la Ley del Suelo.
Uno de los testigos que también declaró ayer y que ahora está jubilado, arquitecto técnico, corroboró ese extremo, y explicó que en sus informes advertía con una coletilla de que los promotores se estaban quedando con todo el suelo y debía revisarse por parte de Secretaría. Eso sí, “los informaba favorablemente”. El secretario, recordó, es la máxima autoridad jurídica del Concello, y debía ser él quien tuviera la última palabra. “Yo advertía que se cometía una ilegalidad pero el secretario municipal discrepaba de mí”, apostilló. La situación se solventó, con la exigencia del 10%, cuando entró en vigor el planeamiento de 2003.
El gobierno municipal del PP en esa época se fiaba de Mariano Rodríguez como experto en Urbanismo (Cabezas incluso dijo que su fama llegaba a León -un exalcalde de esa ciudad así se lo dijo-). Pero en el Concello, no todos los veían así. El arquitecto que declaró ayer como testigo, quien cuantificó en euros el suelo que se perdió, discrepa: “Mariano se consideraba un experto en Urbanismo, pero yo no lo consideraría tal”.
"Sí conocía las advertencias"
Por su parte, el exedil de Urbanismo, Ricardo Campo Labrador, aseguró que sí conocía las advertencias sobre la no cesión “pero los informes del secretario, el más preparado en temas urbanísticos, decían todo lo contrario”. El imputado entiende que no se podía obviar un acuerdo plenario (el de 1994) “que había sido apoyado por toda la Corporación salvo un edil”.
