El Carmen y Cosaga exigen a la Xunta una indemnización

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Los hospitales privados gallegos estiman que en el estado de alarma perdieron 13,3 millones de euros

 

Los centros sanitarios Cosaga y El Carmen, junto a otros ocho hospitales privados gallegos, presentaron un recurso contencioso-administrativo para reclamar a la Xunta una indemnización por los “daños y perjuicios” causados en el primer estado de alarma. 

La Asociación de Hospitales de Galicia (Ahosgal), en la que se encuentran Cosaga y El Carmen, estima que la intervención por parte de la Xunta entre marzo y junio de 2020 les ocasionó pérdidas por valor de 13,3 millones de euros. La auditoría que le encargaron a la empresa KPMG reveló esos datos, por lo que 10 de los 12 integrantes de Ahosgal pidieron por vía judicial una “indemnización individualizada”. Además, critican que el Sergas “no ha respondido a la reclamación administrativa presentada en marzo de 2021”.

El procedimiento por vía administrativa buscaba esa compensación por los daños que sufrieron en la “puesta a disposición” de sus instalaciones durante el estado de alarma. La Ahosgal recuerda que en ese periodo se les “obligó” a ceder sus espacios al sistema público “con todos sus medios, personal y técnico, al completo”. Esto influyó en su actividad programada que se tuvo que “suspender o aplazar”.

El colectivo de hospitales privados considera el “silencio administrativo” de  Sanidade una “desestimación” de su petición. Por ello, han decidido acudir a la vía judicial para “defender sus derechos”. 

La empresa auditora evaluó las indemnizaciones individuales en función del “lucro cesante”, los rendimientos que los centros dejaron de percibir durante el periodo de estado de alarma y el “daño emergente” que les ocasionaron las medidas.

Sin soluciones

Ahosgal lamenta que no han recibido “ninguna propuesta” de la Xunta para compensar los daños ocasionados, mientras que en otras comunidades como Madrid, Cataluña o Baleares sí hay “soluciones” para estos centros. “Los hospitales gallegos de gestión privada apoyaron desde el primer momento la decisión de ponerse a disposición del Sistema Público de Salud, así como la reordenación asistencial por la pandemia, aunque la Xunta les debe indemnizar por el sacrificio patrimonial, los daños y los perjuicios sufridos”, señalan en un comunicado conjunto.

Sanidade les mandó mantener las plantillas “al completo y a pleno rendimiento”, lo que les imposibilitó solicitar un ERTE o conceder vacaciones porque la actividad diaria se redujo.

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