Se pone fin así a dieciséis años en los que vecinos de muy diferentes perfiles han recibido en su hogar comida preparada. Sobre el cierre se llevaba advirtiendo desde principio de año, debido al fin del contrato entre el consistorio y la concesionaria, que pasó a trabajar en precario a finales del mes de febrero.
Puesto en marcha en 2008, con la idea de facilitar la permanencia en el hogar de personas mayores dependientes, comenzó sirviendo en torno a doscientos menús, y alcanzó su mayor número de usuarios con 400 servicios diarios. Una situación que ha degenerado hasta los 58 actuales, sin que exista, como denuncian desde la oposición, una lista de espera de nuevos solicitantes. Un descenso que el gobierno local atribuye a “la baja calidad del servicio” en un comunicado; motivo por el cual, mucha gente ha solicitado dejar de recibir esta asistencia.
El municipio ha estado negociando con la Xunta la transferencia del comedor, pero la administración autonómica no empezará a actuar en Ourense hasta por lo menos dentro de un mes; cambiando también el proveedor de los menús. Ésta modificación ha sido defendida por el consistorio como “una fórmula que permitirá prestar una mejor atención a las personas usuarias, y con un coste inferior para el Concello, ya que el gasto anual se reduciría en unos 90.000 euros”, según el mismo comunicado.
El acuerdo tendrá una vigencia de cuatro años, y con él, la autonomía prestará el servicio a aquellos mayores de 60 años que acrediten limitación de movimientos, soledad o encontrarse en una situación de exclusión social, entre otros perfiles. Se prevé repartir 62 menús en su arranque.
Sin alternativas
La decisión ha venido precedida de críticas por el retraso a la hora de actuar. Los grupos han señalado a Jácome por no haber tomado ninguna decisión al respecto, y dejado que la concesión entrase en precario, así como de apurar las negociaciones con la Xunta hasta el último momento, lo que lleva a esta situación en la que el servicio entrará en dique seco al menos durante un mes, según las previsiones del gobierno local.
Pero la mayor crítica ha venido de los propios usuarios, quienes hace unos días empezaron a recibir la notificación del Concello de la futura suspensión del servicio, sin darles una alternativa. No entienden que la Concellería de Servicios Sociales haya dejado llegar la fecha límite sin prorrogar el contrato, o preparar una alternativa que asegure este servicio a quienes lo necesitan para poder llevar mantener una cierta calidad de vida. Se pondrá así fin el 27 de marzo a un servicio calificado como “profundamente demandado”, en palabras del entonces alcalde de Ourense, Francisco Rodríguez
