Una comisión de investigación, que aún carece de fecha y tramitación porque el gobierno municipal la pondrá en marcha cuando lo considere oportuno, evaluará las consecuencias de la anulación del Plan de Urbanismo de 2003, el que promovió el exalcalde Manuel Cabezas, y determinará 'as responsabilidades derivadas da súa aprobación', básicamente el bloqueo urbanístico al que se vio abocada la ciudad y la avalancha de reclamaciones económicas que se esperan o ya se han producido por la pérdida de derechos urbanísticos en múltiples zonas.
La mayoría de la Corporación municipal de Ourense, es decir, el gobierno que forman PSOE y BNG, impuso en el pleno ordinario de ayer una enmienda de sustitución a la propuesta que había presentado Democracia Ourensana para su aprobación, la moción que pidió, sin éxito, que el Concello denunciase en el Juzgado el planeamiento de Cabezas 'teniendo en cuenta que se produjo falsedad en documento público', en relación al cambio de planimetría en la tramitación de aquel documento, cuando se comprobó que algunos planos de los expuestos al público se modificaron en la posterior fase de aprobación inicial -como queda constatado en una sentencia anulatoria del Tribunal Superior de Xustiza y pendiente ahora de un recurso de casación en el Supremo- para beneficiar a promotores y constructores.
Sorprendentemente, la moción recibió el apoyo del PP, también dispuesto a acudir al Juzgado para que se diriman responsabilidades, pese a que fue durante un mandato popular cuando se aprobó el planeamiento -sabían de todas formas que no iba a prosperar- y a que Guillermo Collarte, encargado de defender la postura del PP y partidario también de acabar en los tribunales, estaba dispuesto a aceptar la comisión con la que contraatacó el gobierno local si se retiraba la expresión 'de investigación'. El equipo gobernante aceptaba el cambio pero el portavoz popular, Rosendo Fernández, descartó posteriormente tal posibilidad.
Fue este el asunto más controvertido de una sesión plenaria que también dio el visto bueno a una modificación de crédito por casi dos millones de euros para atender gastos (muy cuestionada por la oposición) y conoció el convenio que impulsa definitivamente la construcción de la nueva depuradora de aguas residuales.
Largo debate
En materia urbanística, ante las críticas de Susana Gómez (DO), 'harta', dijo, 'de que echen la culpa al PP pero no hagan nada al respecto', Isabel Pérez, ejerciendo de portavoz del BNG, recordó que los nacionalistas siempre consideraron una 'chapuza lamentable' el Plan de Cabezas y fueron los únicos que, entonces, votaron en contra.
Pero fue la edil de Urbanismo, la socialista Aurea Soto, quien cargó las tintas contra el exalcalde Cabezas, que aprobó el Plan pese a las advertencias de graves irregularidades, que señaló el jefe de la Oficina de Planeamiento del Concello días antes de la aprobación provisional del documento, cuando llegó a sus manos el escrito remitido por un particular, con actas notariales incluidas, que demostraba el cambio de planimetría. Y reprochó al PP que, aún después de anulado, sus responsables todavía defendiesen durante años la vigencia de aquel Plan.
Collarte también está 'harto' pero de que se hable de un documento que ya es pasado. Defendió la honorabilidad de los actuales concejales populares -sobre todo de los dos que aún permanecen desde 2003, Baltar y Masid- y aseguró que hasta el momento las únicas sentencias firmes que de momento anulan el Plan fueron por la ausencia de un informe de telecomunicaciones. Collarte también felicitó a Soto por la gestión que ha hecho de esta crisis urbanística pero pidió que se mire hacia delante.
Sorprendentemente, la moción recibió el apoyo del PP, también dispuesto a acudir al Juzgado para que se diriman responsabilidades, pese a que fue durante un mandato popular cuando se aprobó el planeamiento -sabían de todas formas que no iba a prosperar- y a que Guillermo Collarte, encargado de defender la postura del PP y partidario también de acabar en los tribunales, estaba dispuesto a aceptar la comisión con la que contraatacó el gobierno local si se retiraba la expresión 'de investigación'. El equipo gobernante aceptaba el cambio pero el portavoz popular, Rosendo Fernández, descartó posteriormente tal posibilidad.
Fue este el asunto más controvertido de una sesión plenaria que también dio el visto bueno a una modificación de crédito por casi dos millones de euros para atender gastos (muy cuestionada por la oposición) y conoció el convenio que impulsa definitivamente la construcción de la nueva depuradora de aguas residuales.
Largo debate
En materia urbanística, ante las críticas de Susana Gómez (DO), 'harta', dijo, 'de que echen la culpa al PP pero no hagan nada al respecto', Isabel Pérez, ejerciendo de portavoz del BNG, recordó que los nacionalistas siempre consideraron una 'chapuza lamentable' el Plan de Cabezas y fueron los únicos que, entonces, votaron en contra.
Pero fue la edil de Urbanismo, la socialista Aurea Soto, quien cargó las tintas contra el exalcalde Cabezas, que aprobó el Plan pese a las advertencias de graves irregularidades, que señaló el jefe de la Oficina de Planeamiento del Concello días antes de la aprobación provisional del documento, cuando llegó a sus manos el escrito remitido por un particular, con actas notariales incluidas, que demostraba el cambio de planimetría. Y reprochó al PP que, aún después de anulado, sus responsables todavía defendiesen durante años la vigencia de aquel Plan.
Collarte también está 'harto' pero de que se hable de un documento que ya es pasado. Defendió la honorabilidad de los actuales concejales populares -sobre todo de los dos que aún permanecen desde 2003, Baltar y Masid- y aseguró que hasta el momento las únicas sentencias firmes que de momento anulan el Plan fueron por la ausencia de un informe de telecomunicaciones. Collarte también felicitó a Soto por la gestión que ha hecho de esta crisis urbanística pero pidió que se mire hacia delante.
