La Audiencia de Ourense aplazó ayer la vista oral encaminada a juzgar a Juan Ángel I.R., administrador único de la mercantil Promociones y Construcciones Inmobiliarias Seiseme. La acusación particular pidió la comparecencia de dos testigos no citados mientras que la defensa considera que la Audiencia no es el órgano competente para juzgar este caso.
El asunto penal arranca de la denuncia que presentaron dos parejas por entregar 3.000 euros y 30.788, respectivamente, para la reserva de uno de los chalés que la promotora ofertaba en 2005 en Cabeanca (Ourense) y que finalmente, aunque no fueron construidos, no se les reintegró las cantidades ingresadas a cuenta. En ambos casos, se trataba de su primera vivienda.
La acusación particular imputa al promotor un delito continuado de estafa o subsidiariamente de apropiación indebida, por el que reclama una pena de seis años de prisión y multa de 19 meses ( 18 euros al día). Estima que el acusado no tenía intención de construir las viviendas y que su finalidad no era otra que 'beneficiarse ilícitamente mediante los desembolsos económicos que pudiese obtener de personas interesadas en adquirir los chalés supuestamente ofertados'.
La fiscal, por su parte, reclamó el sobreseimiento en la vía penal al considerar que se trata de un incumplimiento de contrato (precontrato de reserva) que debe dirimirse en la jurisdicción civil.
El inculpado, por su parte, alegó en la instrucción que la crisis hizo que no pudiera sacar adelante la promoción inmobiliaria de Ourense.
La acusación particular imputa al promotor un delito continuado de estafa o subsidiariamente de apropiación indebida, por el que reclama una pena de seis años de prisión y multa de 19 meses ( 18 euros al día). Estima que el acusado no tenía intención de construir las viviendas y que su finalidad no era otra que 'beneficiarse ilícitamente mediante los desembolsos económicos que pudiese obtener de personas interesadas en adquirir los chalés supuestamente ofertados'.
La fiscal, por su parte, reclamó el sobreseimiento en la vía penal al considerar que se trata de un incumplimiento de contrato (precontrato de reserva) que debe dirimirse en la jurisdicción civil.
El inculpado, por su parte, alegó en la instrucción que la crisis hizo que no pudiera sacar adelante la promoción inmobiliaria de Ourense.
