Los juzgados de Ourense celebraron este miércoles el segundo juicio por un tema de acoso laboral dentro del Concello de la ciudad en el mandato de Gonzalo Pérez Jácome, tras el que acabó con la condena el pasado noviembre a Telmo Ucha y al Concello por un delito de acoso laboral a María Barrera, jefa de la Policía Local.
En esta ocasión, el que demandó al Concello por acoso fue Gonzalo Alonso, interventor municipal. Este lunes se llevó a cabo la vista oral, en la que su abogado, Javier Rivero, señaló que Alonso tuvo que asistir a terapia como consecuencia del presunto acoso laboral al que se ha sentido sometido por parte del Concello y del alcalde de Ourense, Pérez Jácome. “Los hechos de la demanda considerados en conjunto evidencian una clara conducto de acoso y hostigamiento de un superior jerárquico, que es el alcalde de Ourense, a una persona que es un inferior jerárquicamente. Esa conducta fue continuada en el tiempo desde agosto de 2023”, afirmó Rivero.
Esta conducta de acoso, según el denunciante, se manifestó en tres ámbitos: en el público, en redes sociales y en el jurídico. Por este presunto acoso, el abogado indica que su cliente, Gonzalo Alonso, necesitó tratamiento farmacológico y tuvo que ir a terapia.
Asimismo, el letrado explicó que por estos hechos el interventor solició la activación del protocolo del Ayuntamiento para las conductas de acoso laboral, aunque lamentó que “ha sido prácticamente inexistente, infructuoso hasta la fecha, sin ningún resultado” e incidió en que después de pedirlo continuaron las conductas que constituyen “un trato denigrante”. En esta línea, aseguró que se convirtió a Gonzalo Alonso en “el saco de boxeo de todas las incidencias”.
En el juicio también declaró la profesional que lo trató psicológicamente, quien afirmó que “el vínculo de acudir a terapia fue motivado por el acoso”. En esta línea, explicó que Alonso “está sometido a un estrés elevado” lo que le puede afectar a su capacidad de concentración.
Defensa
Los abogados del Concello y de Pérez Jácome señalaron, en su defensa, que no es acoso laboral sino un conflicto laboral y creen que no existe una violencia psicológica, sino un mero ejercicio de derecho a la crítica y que no hubo prolongación en el tiempo. Además, subrayaron que no hay una crítica personal hacia él sino a la función que desempeña, de hecho, señalaron que la mayor parte de los incidentes se produjeron en los plenos.
Asimismo, la defensa del Concello y del regidor municipal también incidieron en que los argumentos del alcalde no son originales, porque ya los habían utilizado gobiernos anteriores y que no existe discriminación porque siempre se han criticado informes en los plenos; apoyando de esta forma la idea de que no es una postura personalizada en Gonzalo Alonso.
El abogado del Concello también hizo referencia a una frase que dijo Jácome en un pleno el pasado noviembre: “Si pongo verde al interventor o al secretario, les queda joderse, o denunciarme”. En alusión a ella, el letrado argumentó que “la palabra joderse está aceptada en la RAE”. También manifestó que “no tengo constancia de lo que es el modelo DO”,
En el juicio, también declaró Luis María Bermúdez, secretario general del Concello, quien aseguró en la sala que “no es normal que se deniegue el uso de la palabra al interventor tantas veces”.
No se personó en el juzgado Gonzalo Pérez Jácome, quien manifestó su versión de los hechos por escrito, contestando al cuestionario que le enviaron las partes.
