La Fiscalía General del Estado en la presentación de su memoria anual a mediados de septiembre advertía del aumento de la delincuencia juvenil, poniendo el foco en los homicidios y agresiones sexuales. Incluso habló de la banalización de la violencia y reparó en el caso de Ourense. “De forma casi unánime, las secciones de menores de territorios tan dispares en tamaño y localización geográfica como son Madrid, Alicante, Sevilla, Baleares, Cantabria, Ourense, Barcelona, Bizkaia o Málaga muestren su seria preocupación y alarma por el incremento y auge de todo tipo de conductas cada vez más violentas realizadas por menores”, recoge el documento.
La Fiscalía de Menores de Ourense, dentro de ese contexto en el que la actividad delictiva juvenil aumentó con respecto al año precedente, repara en el avance de las infracciones relacionadas con la violencia intrafamiliar y las conductas contra la libertad sexual. La provincia es una de las siete de toda España en las que la violencia doméstica hacia ascendientes y hermanos sufrió un repunte junto a los casos de Málaga, Navarra, Tenerife, Burgos, Alicante y Huesca.
Evolución
En 2022, se contabilizaron 492 infracciones penales, según la base de datos Minerva que maneja la Fiscalía y que no siempre ofrece cifras bien depuradas. La tasa de criminalidad se mantiene constante desde el año 2018. En 2021 se contabilizaron 404 delitos y en 2020 hubo 353.
Las mayores subidas las acusan las agresiones sexuales: de cinco registradas en el año 2021 se pasó a 14 en el año 2022. Los delitos de abuso sexual se mantuvieron en 16. Este incremento, según la Fiscalía de Menores, “no supuso un aumento en el número de expedientes de reforma ni en el número de sentencias condenatorias, ante la falta de pruebas o por la existencia en muchos casos de un consentimiento directo para mantener relaciones sexuales o las dificultades añadidas de tratarse de menores afectados por consumos desinhibidos de alcohol y otras sustancias que hace difícil establecer el límite dicho consentimiento”.
Destaca el fácil acceso a la pornografía ante la inexistencia de protocolos para impedir que los menores entren en páginas web especializadas; la sexualización de los menores acompañada de la banalización de las relaciones sexuales entre los jóvenes a más corta edad, entre los 12 y 13 años.
Para los fiscales, hay un problema educativo de origen en los menores delincuentes que no encuentra respuesta adecuada en el ámbito familiar ni escolar. “Los programas específicos de reeducación para menores delincuentes sexuales con medida de internamiento son estereotipados e insuficientes y deberían inspirarse en cuanto a su contenido, a los aplicables a los delincuentes sexuales mayores de edad”, aseguran.
Respecto a los delitos de violencia doméstica intrafamiliar ejercida por los menores sobre sus padres y hermanos, en el año 2022 se contabilizaron 44 delitos frente a los 31 delitos de violencia doméstica del 2021. Se evidencia un relativo ascenso de la actividad delictiva en el ámbito de la violencia filio-parental. La problemática común a la mayoría de tales delitos es la siguiente: la denuncia formulada por los padres es el último recurso ante una situación familiar límite y la convivencia imposible; la inexistencia en muchos de los casos de un previo trabajo por parte de los servicios de Atención Primaria y de las instituciones administrativas educativas y de protección de menores. Las medidas cautelares que se interesan para los supuestos más graves es el internamiento terapéutico. En los demás casos, se le impone al menor la medida cautelar de libertad vigilada con sometimiento a programas específicos de tratamiento psicológico o terapia familiar. La medida de convivencia con grupo educativo, cuya eficacia está demostrada en otras provincias, no tiene operatividad en Ourense, según el Ministerio Público ourensano, ya que dicho recurso no está dotado por la entidad pública de reforma.
Muchos de los casos de violencia familiar podrían tener respuesta, argumenta el Ministerio Público, en el ámbito de la prevención y de la protección. Y argumenta: “El ascenso anual de esta tipología delictiva obedece al fracaso de los modelos educativos, al fracaso de campañas de prevención a realizar en los centros docentes y la inexistencia de programas de apoyo familiar diseñados por las entidades locales como responsables de prestar asistencia a menores en situación de riesgo por estos comportamientos”.
