La Diputación de Ourense acaba de aprobar un protocolo de actuación para combatir el alza de precios en las obras públicas y combatir los retrasos y parálisis de algunos procedimientos. Toda empresa con obras en licitación o ya en marcha que acredite un alza en precios de materiales superior al 5% podrá pedir la revisión excepcional de precios, gracias a este protocolo que se acoge al mecanismo de revisión excepcional de precios para los contratos de obras que aprobó el Gobierno central en 2022.
Este paquete de medidas que recoge el protocolo firmado por el presidente del organismo provincial, Manuel Baltar, se aplicará a obras firmadas por la Diputación que estén en ejecución, licitación, adjudicación o formalización desde el 1 de marzo de 2022 o cuyo anuncio en la plataforma de contratación se haya producido entre el 1 de marzo de 2022 y 1 de marzo de 2023, a expensas de que, como piden las constructoras, se prorrogue el real decreto ley al menos un año más.
La revisión de precios consiste en compensar a los empresarios que han contratado obras por el mayor coste producido por el excepcional incremento en los precios de determinadas materias primas y materiales en 2021. La Diputación ya ha sufrido el alza de costes en obras como la reparación de la calle principal de Polígono, retrasada durante meses por el alza de costes, o incluso en el suministro del concurso para abastecerse de gasoil, que quedó desierto.
Las viviendas afectadas
El alza de costes ha provocado problemas en obras clave en la provincia de Ourense también de otras administraciones. La obra del Centro para personas discapacitadas (CAPD) de Barrocás se acaba de retomar tras meses paralizada y tras haberla sacado de nuevo a concurso, al igual que el parque acuático de Monterrei -que también financia la Diputación-, cuya adjudicataria original abandonó la obra. En la unidad de Medicina Nuclear del CHUO, Sanidade tuvo que aumentar un 30% el presupuesto tras una primera licitación desierta y el Centro Galego de FP (que financia la Diputación) también sufrió retrasos por el contexto inflacionista.
Este nuevo protocolo para revisión de precios (máxime cuando la mayoría de proyectos ahora en licitación o adjudicados se elaboraron en 2017, 2018 o 2019) ayudará a evitar que de las decenas de obras a concurso puedan quedar desiertas, al no concurrir empresas por falta de rentabilidad derivada de la inflación.
