Lleva al Juzagdo una compra de 61.691 euros realizada a la empresa del concejal de DO aprobada por el gobierno del PP.
El gobierno municipal socialista ha optado por cruzar la línea y pasar de denunciado a denunciante. La concejala de Urbanismo, Áurea Soto, presentó ayer en el juzgado de guardia una denuncia por presunta prevaricación contra la junta de gobierno del 26 de octubre de 2006 -del PP- por aprobar una factura presentada por Jolper Música S.L, empresa del actual portavoz de Democracia Ourensana, Gonzalo Pérez Jácome, en concepto de sonorización de las calles del Centro Comercial Aberto de Ourense, por importe de 61.691 euros.
Ese acuerdo se realizó, según la denunciante, "inexistiendo por completo procedimiento administrativo que ampare la adjudicación del contrato de suministro". Porque se adoptó por vía de urgencia, sin concurso, sin que hubiese crédito y, por si fuera poco, mes y medio antes de que Jolper presentase la factura. La denuncia también incluye a los responsables de la empresa -además de Gonzalo Pérez Jácome, director, Rosa Jácome Bertólez, administradora única- como "inductores o cooperadores necesarios" de los hechos.
La acusación
De esta forma, la edil pretende que se investigue a los integrantes de aquella junta de gobierno, el exalcalde, Manuel Cabezas, José Luis Rodríguez Cid, Enrique Nóvoa, Francisco Javier Rodríguez Nóvoa, Elena Rivo, Francisco Muñoz, Mario Guede, Vicente Alonso y Aurelio Gómez Villar, el único de todos ellos que forma parte en la actualidad de la Corporación municipal. Gómez Villar sostenía ayer que "yo creo que el procedimiento se hizo correctamente", aunque resaltó que "el expediente tiene ya ocho años", por lo que no puede entrar en detalles. Los delitos de prevaricación no prescriben hasta los 10 años.
Mientras, Soto sostiene que hubo "irregularidades" en el procedimiento. Con la normativa vigente en aquel momento, tendría que haberse realizado "un concurso o en su caso, un procedimiento abierto con publicidad por rebasarse la cuantía límite para su consideración como contrato menor", añadió. Además, según denuncia, tampoco existía "la propia factura que se acordaba aprobar, puesto que la misma resulta ser de fecha posterior -31 de octubre de 2006- y tuvo entrada en el Concello el 14 de diciembre de ese año". Por último, Soto insiste en que "no existía a la fecha de aprobación de la factura por la junta de gobierno local crédito presupuestario ni autorización de gasto".
Para la concejala socialista, los hechos podrían ser consitutivos de un presunto delito de prevaricación "al resultar arbitrario el acto de aprobación de la expresada factura y siendo patente y clamorosa la inobservancia (por inexistente) del procedimiento administrativo". La supuesta intervención como "inductores o cooperadores necesarios" de los responsables de Jolper Música S.L. sería, según la denuncia, "la aportación de la factura con posterioridad a la aprobación de su abono, así como al realizar el suministro de contratación".
La concejala advirtió de que, aunque el gobierno socialista no se dedicó en 2007 -cuando tomó posesión- a "abrir los cajones (para buscar supuestas irregularidades de los gobiernos del PP) porque nuestro mandato era arreglar las cosas", los socialistas "también sabemos hacerlo".
Para el popular Aurelio Gómez Villar, "da la sensación de que esta denuncia es una cortina de humo para intentar desviar la atención y hacer ver a la opinión pública que todos somos iguales. Y no es verdad. Yo en 12 años en el gobierno nunca pisé el juzgado ni estuve imputado, ella (Soto) no puede decir lo mismo", dijo en referencia a las imputaciones que acumula la concejala de Urbanismo.
