Los embalses ourensanos continúan desangrados, ahora prácticamente sin lluvias durante el arranque del año hidrológico, y las reservas hídricas provinciales están al 38,7% del total, encarando la entrada del otoño con los datos más bajos que se recuerdan, frente a una media en los últimos 10 años del 61,7% habitual en esta época del año. Los embalses investigados por el drástico vaciado del verano siguen en las mismas y sin recuperar la normalidad, según los datos semanales actualizados ayer por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. El de Cenza (Vilariño) continúa al 12,5%, mientras el de Portas, también en Vilariño, que es el más grande de la provincia, sigue agonizado al 14,7%, frente al 69% habitual en esta época del año. Los de Salas (25,2%) y As Conchas (31,2%) presentan niveles bajos, pero más parecidos a los presentados en años anteriores en esta época.
Peor todavía, como ya informó este periódico, es la situación del embalse transfronterizo de Lindoso, al 20%, en el nivel más bajo de su historia en este periodo. En este caso, su control depende del Gobierno de Portugal, si bien se alimenta de las aguas del Limia.
Mientras, PSOE y PP siguen echándose los trastos a la cabeza, como ayer en el Parlamento. Pablo Arangüena (PSdeG) solicitó a la Xunta que imponga las sanciones “más elevadas” que proceda ante el vaciado de embalses e insistió en la “falsidade” y “cinismo insoportable” del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, en una actuación que “roza a prevaricación”.
Desde el PP, Marisol Díaz respondió al socialista afirmando que el “cinismo insoportable é o seu”, puesto que la cuestión “xa non ten máis percorrido”, y responsablizió de nuevo a la Confederación Hidrográfica Miño-Sil del “salvaxe vaciado”, frente a una Xunta que actuó “de forma rápida, contundente e integral”.
La popular Marisol Díaz recordó que la Comisión Europea confirmó que la Hidrográfica era la “principal resposable” de supervisar la normativa de los embalses, y que la Xunta abrió expedientes sancionadores a las concesionarias y la Hidrográfica, que avanzan en su tramitación administrativa.
El socialista Arangüena advirtió de que si la Xunta ya inició expedientes sancionadores por 25.000 euros a cada una de las eléctricas -con base en la Lei de Pesca-, no podrá imponer 2 millones -con base en la Lei de Patrimonio Natural- en multas, dado que “non pueden sancionarse polos mesmos feitos dúas veces”.
Por último, Luís Bará (BNG) cargó contra la “incompetencia” de la Xunta y afeó que el PP vetase una comisión parlamentaria sobre lo sucedido.
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