El 20 de abril de 2007, Flager y la Diputación firmaron un contrato para compensar las diferencias de adjudicación advertidas en el proyecto de compensación de la Finca Santamarina. El acuerdo, aún sin ejecutar, les llevó ayer al Juzgado de Primera Instancia número 2. La Diputación quiere que se cumpla así el documento mientras que Flager defiende que es nulo.
En el acuerdo, la inmobiliaria se comprometía a ceder a la Diputación una de sus parcelas (la 1B), valorada en 2.137.619 euros; abonar 210.684 euros (el equivalente a 501 metros cuadros de uso residencial libre) y permutar la parcela 9 (de la Diputación) por la número 5, propiedad de Flager, del mismo valor. La Diputación cumplió su parte y retiró las alegaciones que había presentado al proyecto de compensación, lo que permitió su aprobación definitiva por parte del Concello. Durante tres años, esperó la formalización del acuerdo, por lo que ahora pretende que sea el Juzgado el que obligue a Flager a dar ese paso.
Aunque el juicio no se celebrará hasta el 14 de abril, las partes plantearon sus posiciones. El abogado de la Diputación, Emilio Atrio, dejó claro que la institución quiere que se cumpla el documento, por lo que un acuerdo previo es 'imposible. No hay posibilidad de reducir nuestras pretensiones'. Mientras, la letrada de la inmobiliaria, María González, sostiene que 'el contrato es nulo', dado que, entre otras razones, Flager lo firmó 'bajo presión', puesto que, aseguró, temía que las alegaciones de la Diputación paralizasen o retrasasen el proyecto de compensación y 'se podría perder el acuerdo con una importante operadora comercial (El Corte Inglés)'.
Aunque el juicio no se celebrará hasta el 14 de abril, las partes plantearon sus posiciones. El abogado de la Diputación, Emilio Atrio, dejó claro que la institución quiere que se cumpla el documento, por lo que un acuerdo previo es 'imposible. No hay posibilidad de reducir nuestras pretensiones'. Mientras, la letrada de la inmobiliaria, María González, sostiene que 'el contrato es nulo', dado que, entre otras razones, Flager lo firmó 'bajo presión', puesto que, aseguró, temía que las alegaciones de la Diputación paralizasen o retrasasen el proyecto de compensación y 'se podría perder el acuerdo con una importante operadora comercial (El Corte Inglés)'.
