El Defensor del Pueblo escribió una recomendación en diciembre del año 2009 dirigida a la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos en la que solicitaba una 'posible modificación' en la Ley Reguladora de Haciendas Locales, siendo aún presidente de la entidad Enrique Múgica y durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
En el texto, piden al Gobierno central que incorpore un 'coeficiente de flexibilización en el impuesto, en relación con aquellas situaciones en las que el sujeto pasivo pueda probar que no ha existido realmente una plusvalía, para lo cual se solicita la valoración de diferentes sistemas y posibilidades alternativas'. La sugerencia fue desatendida por el Ejecutivo.
En cualquier caso, desde las oficinas del Defensor del Pueblo aseguran que han registrado algunas quejas relativas al impuesto de plusvalía en casos de desahucio, aunque 'no muchas'. La institución que vela por los intereses ciudadanos las ha tramitado 'pero no hemos conseguido ninguna solución en el sentido de que se modifique la ley'.
El gabinete de prensa del Defensor recuerda que se trata de un tributo potestativo, es decir, que su recaudación no es obligatoria. Asimismo, también tienen constancia de que 'algunos ayuntamientos han decidido no cobrarlo en situaciones de especial dificultad'.
El único gallego que ha mostrado su disconformidad hasta la fecha, Alfredo Castilla, expuso el caso ante el Valedor do Pobo. Aunque el organismo autonómico lo entiende como una injusticia, asegura no poder intervenir al tratarse de una normativa estatal, si bien se han comprometido a incluir el caso en su memoria anual.
En cualquier caso, desde las oficinas del Defensor del Pueblo aseguran que han registrado algunas quejas relativas al impuesto de plusvalía en casos de desahucio, aunque 'no muchas'. La institución que vela por los intereses ciudadanos las ha tramitado 'pero no hemos conseguido ninguna solución en el sentido de que se modifique la ley'.
El gabinete de prensa del Defensor recuerda que se trata de un tributo potestativo, es decir, que su recaudación no es obligatoria. Asimismo, también tienen constancia de que 'algunos ayuntamientos han decidido no cobrarlo en situaciones de especial dificultad'.
El único gallego que ha mostrado su disconformidad hasta la fecha, Alfredo Castilla, expuso el caso ante el Valedor do Pobo. Aunque el organismo autonómico lo entiende como una injusticia, asegura no poder intervenir al tratarse de una normativa estatal, si bien se han comprometido a incluir el caso en su memoria anual.
