La gestión de Jácome sitúa al Concello de Ourense entre los más morosos de España

Pleno del Concello de Ourense, celebrado el pasado 30 de diciembre.
photo_camera Pleno del Concello de Ourense, celebrado el pasado 30 de diciembre.

El Ayuntamiento ourensano es el segundo, tras Jaén, que más tarde ha pagado a los proveedores durante el último año

 

El Ministerio de Hacienda acaba de publicar su último informe del año sobre la morosidad de los ayuntamientos españoles y pone un suspenso al Concello de Ourense. El consistorio ourensano cierra 2023 como el segundo ayuntamiento de capital de provincia que más tarda en pagar sus facturas y adeuda más de 11 millones de euros en pagos, a lo que habría que sumar los cerca de 25 millones de euros pendientes de pago a concesionarias que todavía no están contabilizados. 

Según el último informe de Hacienda, que todavía no recoge los datos de noviembre y diciembre, el Concello de Ourense solo fue superado por el Ayuntamiento de Jaén en el ranquin de capitales morosas. La capital jienense adeuda más de 33 millones de euros y tarda 688,91 días de media en abonar sus deudas con los proveedores, un problema que arrastra desde hace años.

Después de la urbe andaluza, asoma en segunda posición Ourense, que se ha consolidado este año en este poco honroso podio de la morosidad. El Concello de Ourense, cuyo gobierno local dirige Gonzalo Pérez Jácome, adeuda ya 11,17 millones de euros en facturas y tiene una demora media en los pagos de 68,37 días, mucho más del doble (30 días) que la Ley de Haciendas Locales marca como límite. 

Ya muy por detrás se sitúan el resto de capitales de provincia más morosas. Albacete, Granada, Sevilla y Córdoba se mueven entre los 40 y 45 días de media para abonar sus facturas, mientras que Ciudad Real, A Coruña, Murcia, Oviedo y Segovia superan el umbral de las 30 jornadas. 

Otros retrasos

En todas estas facturas por pagar no se incluyen aquellos atrasos que pueden presentar las concesionarias de servicios en precario, que como no tienen honorarios actualizados con unos presupuestos, emiten reclamaciones posteriores para exigir los pagos pendientes. Tampoco se contabilizan posibles sentencias judiciales, atrasos en materia de personal (son cuantiosos, especialmente en la Policía Local, pero también en el servicio de Bomberos).

Advertencias

El jefe de Gestión Económica y Presupuestaria, Julio Fontaíña, advertía en su último informe, de este pasado mes de diciembre, es necesaria una “planificación e execución orzamentaria que permita un mellor funcionamento deste Concello dende un punto de vista de tramitación do gasto”, lo que permitiría, a su juicio “evitar demoras na tramitación de expedientes, incumprimento do periodo medio de pago a provedores, pagamento de xuros de demora, aprobación facturas en expedientes de recoñecemento extraxudicial de créditos, informes reiterados de reparo da Intervención…”.

Más de 30 millones pendientes entre concesionarias, horas extra o atrasos

El jefe de Gestión Económica y Presupuestaria advertía en diciembre e que a partir de ahora, con el dinero que queda sin incorporar del remanente, “xa non se pode afirmar taxativamente que sexa suficiente para atender posibles sentenzas xudiciais, atrasos en liquidacións de contratos en precario, atrasos en materia de persoal”… Según estos cálculos, solo quedarían 31,4 millones de 130 millones de remanente que había a principios del año.  Teniendo en cuenta que el interventor calculaba en más de 25 millones la deuda contraída con concesionarias, a lo que habría que sumar atrasos en pagos de horas extra o excesos de jornada a policías y bomberos, la suerte está echada.

Visto que en los últimos ejercicios el Concello apenas ha sido capaz de ejecutar el 50% de los fondos, todo hace indicar que gran parte del ahorro volverá de nuevo a las cuentas

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