Tribunales

"Hubo proceso de selección", dicen técnicos del Concello de Carballiño

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photo_camera Pachi Vázquez, en la tercera sesión de la vista oral. (FOTO: S.E.)
En el juicio del "caso Pachi Vázquez", trabajadores corroboran que de temporales pasaron a fijos

En la tercera sesión del juicio seguido por prevaricación continuada en el "caso Pachi Vázquez" quedó claro que un expediente de contratación puede asemejarse a un ser vivo que nace, se reproduce y muere en el propio lugar donde se engendró, en este caso, el Concello carballiñés. Los trabajadores que este miércoles pasaron por la sala de vista como testigos comenzaron todos ellos con contratos temporales, muchos de ellos al amparo de programas de fomento del empleo de la Xunta, gozaron de prórrogas anuales hasta que acabaron engrosando la nómina de "indefinidos" de esa Administración local, una práctica irregular bastante extendida y en la que la fiscalía ha puesto el foco.

En su selección, según alegaron con mejores y peores argumentos, no hubo enchufes. Fueron propuestos desde el Servicio Público de Empleo Estatal (antiguo Inem) -explicaron- o supieron de la oferta pública a través del tablón de anuncios de la consistorial o anuncios insertados en el periódico La Región. Posteriormente, pasaban una entrevista o incluso alguno habló de un examen.

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Otra de las conclusiones de esta  jornada, es que, según dos técnicos municipales que comparecieron ayer, que accedieron como temporales y ahora son indefinidos, la secretaría titular, según ellos, tenía un papel de asesoramiento y control de las contrataciones bastante más proactivo del que ella se atribuyó el  pasado martes. Llegaron a decir que era ella quien firmaba primero, antes que el alcalde, los decretos por los que los temporales pasaban a indefinidos y que llegó a formar parte de alguna comisión de selección.

Subvenciones tasadas

Agustín Manuel R.F. ejerció como técnico de empleo, encargado de los programas con subvención de la Xunta en los cuales ya "se establecen los requisitos de contratación": candidatos, que a veces escaseaban -dijo- enviados desde la oficina del servicio público de empleo y a los que posteriormente él entrevistaba y realizaba anotaciones  sobre sus circunstancias personales (años en el paro, hijos a su cargo...).  La última palabra la tenía el concejal de Personal.

Este testigo reconoció que él mismo forma parte de la plantilla municipal porque una subvención de la Consellería de Emprego, "como el 90% de los contratos que se hacían", le abrió la puerta. 

Y habló de dos tipos de expedientes: el de contratación y otro individualizado, cada empleado tenía el suyo , una carpeta "propia" en la que figuraba su contrato de trabajo, su histórico en la Seguridad Social o incidencias.

Francisco R.T. empezó en 2002 con contratos temporales , con cargo al  programa Labora, hasta que en 2007 le hicieron indefinido con el refrendo de un decreto del alcalde de Carlos Montes, imputado en este proceso junto a Pachi Vázquez, en su etapa como alcalde de Carballiño,  y los exediles Alfonso Prado José Antonio Barge y Elisa Domínguez. De las listas del paro pasó al departamento de Personal: "Me citaron del Concello junto a otro candidatos para aportar el currículo", explicó.  También atribuyó a la secretaria un papel decisivo en la supervisión legal de los decretos. Explicó que se daba publicidad a las ofertas con anuncios en prensa y había entrevistas de los candidatos.

 A preguntas de la fiscal restó importancia a la concatenación de contratos temporales en la misma persona (llegó a admitir que se hizo su propio contrato de renovación). "La orden decía eso, no hacía falta una nueva oferta de empleo", aseguró.  Por decreto de la alcaldía a propuesta del concejal de turno, el trabajador pasaba a indefinido (una categoría a la que otros llegaron por acuerdo la Inspección de Trabajo o por sentencia del Juzgado Social, dice la acusación pública).

Los comparecientes también dieron oxígeno a uno de los argumentos fetiche de las defensas: el archivo era caótico y era complicado buscar expedientes de contratación (la prueba de descargo para amparar la legalidad de las contrataciones realizadas entre 2004 y 2011).

Además, esa forma de proceder contaba con las bendiciones de la oposición y sindicatos, que, según los testigos, nunca protestaron.

Entre los testigos, también comparecieron un operario de la limpieza, peón, trabajadores del servicio de Emerxencias, ayuda a domicilio, un policía local o un mecánico que siguieron el mismo guión: de las listas del paro al Concello con un proceso selectivo entre vagos recuerdos.  

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