La Asociación de Bares Especiales ha remitido un dictamen jurídico al Concello, en el que advierte a los concejales de la junta de gobierno local de la posibilidad de incurrir en presuntos delitos de prevaricación y desobediencia en relación al cierre y precinto de varios bares. La junta había acordado pedir un informe jurídico externo sobre la situación.
La Asociación de Bares Especiales ha remitido un escrito al Concello en el que hace constar un dictamen jurídico sobre la actuación municipal en el conflicto con los bares, además de reiterar su solicitud de que se acuerde el cierre y precinto de, en principio, cinco locales (aunque en total son 13). El dictamen, emitido a petición de la asociación por una abogada, concluye que pudiera ser merecedora de querella por un delito de prevaricación y otro de desobediencia la conducta de los concejales de la junta de gobierno local que hayan votado a favor de tales actuaciones. Se refiere al caso de que la junta no acuerde el cierre y precinto de los locales después de solicitar un informe de un asesor jurídico externo. De ahí que el escrito pida que la junta tenga conocimiento del dictamen antes de que delibere si cierra los locales.
El dictamen jurídico encargado por la asociación concluye, además, que si la junta de gobierno local hubiera cumplido lo ordenado por el juzgado en dos meses (el cierre y precinto), no obligaría a la asociación a gastar dinero en abogados y detectives, de ahí que, además, proceda una acción de responsabilidad patrimonial por permitir el ejercicio de una actividad sin licencia, por su pasividad durante al menos tres años. Del mismo modo señala que, en caso de condena a la Corporación municipal, posteriormente se reclame personalmente al agente causante del daño, esto es, a los miembros de la junta de gobierno local que, con su voto, propicien la citada situación. La abogada que realiza el dictamen considera también que el Concello debiera ser condenado a indemnizar a la asociación en todas las pérdidas tenidas en los últimos años y a abonar todos los honorarios profesionales de detectives y abogados generados por su renuente incumplimiento de sus actos.
El dictamen jurídico encargado por la asociación concluye, además, que si la junta de gobierno local hubiera cumplido lo ordenado por el juzgado en dos meses (el cierre y precinto), no obligaría a la asociación a gastar dinero en abogados y detectives, de ahí que, además, proceda una acción de responsabilidad patrimonial por permitir el ejercicio de una actividad sin licencia, por su pasividad durante al menos tres años. Del mismo modo señala que, en caso de condena a la Corporación municipal, posteriormente se reclame personalmente al agente causante del daño, esto es, a los miembros de la junta de gobierno local que, con su voto, propicien la citada situación. La abogada que realiza el dictamen considera también que el Concello debiera ser condenado a indemnizar a la asociación en todas las pérdidas tenidas en los últimos años y a abonar todos los honorarios profesionales de detectives y abogados generados por su renuente incumplimiento de sus actos.
