El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, respondió este jueves a las informaciones sobre la retirada de su sanción por aparcamiento con amenazas de retirar la publicidad institucional a tres medios de comunicación: La Región, La Voz de Galicia y Faro de Vigo, a través del Facebook de Democracia Ourensana. Tras las informaciones de estos tres medios sobre la estimación por parte del Concello de las alegaciones de Jácome a la multa que un policía local le había puesto el 17 de junio – tras aparcar en la zona reservada para el coche de Alcaldía– el regidor acusó a los tres diarios de "mentir".
El alcalde resolvió el expediente, instruido por un funcionario de carrera del Concello, que elaboró la propuesta que dictamina que "no procede la sanción", después de que el regidor hiciese las alegaciones oportunas. Esto queda acreditado en el decreto del 13 de septiembre entregado a los grupos municipales y del que hoy se dará cuenta en pleno, aunque el acto fue firmado por la concejala de Seguridad Ciudadana, María del Mar Fernández Dibuja.
Jácome puso en cuestión si el Concello debería poner publicidad institucional "en una prensa escrita que miente", en una publicación en sus redes sociales que posteriormente fue borrada.
La multa retirada al alcalde, que alegó que su coche podía estar estacionado donde fue sancionado al poseer una tarjeta para los medios de comunicación, fue retirada tras la rectificación del agente que lo había sancionado, que reconoció el error.
El aspecto formal de la retirada es lo que ha generado más polémica. Y es que, como suele ocurrir con gran parte de los decretos, el alcalde es el encargado de aprobar la propuesta de resolución, con la particularidad de que en este caso era una propuesta sobre su propia exoneración, lo que lleva a la oposición a considerar que debería haberse inhibido del procedimiento.
Caride no ve nada ilícito
El portavoz del gobierno local, Miguel Caride, restó importancia a esta incidencia, que quiere dejar en un "malentendido", considerando que "os problemas de Ourense non se resolven indo detrás do alcalde a ver onde aparca". Cuestionado sobre la procedencia de resolver un asunto en el que aparecía como interesado, Caride volvió a insistir en que "os problemas que ten a cidade son máis graves ca isto". Además, considera una "ousadía" pensar que el acto pudiera ser nulo de pleno derecho por contener la resolución del propio alcalde, ya que "el non pode resolver o que queira". Sostiene que el procedimiento es lícito: " Tanto o alcalde como a edil resolveron o que propón o servizo, porque do contrario encontraríamos nun caso de prevaricación". De todo este proceso, subyace un expediente al policía que multó al regidor, a quien se le abrieron diligencias informativas internas porque "non tiña asignada ese día esa zona para o servizo".
Oposición crítica
El portavoz del PSOE, Rafael Villarino, cree que "non é decente" que el alcalde resolviera su propio expediente; mientras que el portavoz de Ciudadanos, José Araújo, lo ve propio de una "república bananera", y el líder del BNG, Luis Seara, que pidió el acceso completo al expediente, ve "un precedente moi preocupante que a presunta ameaza do alcalde con abrir expediente ao policía servise para que este mudase o seu relato".
Araújo cuestionó "en calidade de que vén o alcalde ao Concello, medio de comunicación ou para traballar para os veciños?", y recordó que "non sabe onde está" tras relatar que mientras se ausentaba del acto de la Policía Nacional "estaba obstaculizando o tráfico aparcado en carga e descarga en Concordia. Está estorbando mentres a cidade está no maior dos caos". Por último, Seara señaló que es un "precedente que pode pór en risco a credibilidade da Policía" y destacó el "nulo respecto polos procedementos administrativos", con actitudes "máis propias dun ditador". Cree que es de "primeiro de Dereito Administrativo que alguén que ten interese persoal ten que inhibirse".
