La jefa de la Policía Local, María Barrera, demandó al Concello de Ourense por “graves daños profesionales, físicos y psíquicos”
La intendente jefa de la Policía Local de Ourense, María Barrera, de baja en la actualidad por motivos de salud tras haber demandado al Concello y al concejal de Seguridad Ciudadana, Telmo Ucha, pide al Concello una indemnización por acoso laboral de casi 200.000 euros. El juicio, que se iba a celebrar este pasado lunes, fue suspendido por la huelga de letrados judiciales que ya ha pospuesto más de mil vistas.
El Juzgado de lo Social número 1 de Ourense ha citado al Concello que, según pudo saber este periódico, acordó designar como abogado a Eduardo Villar -presidente del Club Ourense Baloncesto y cuyo despacho ha defendido a Jácome en casos particulares-. La vista quedó ahora suspendida y todavía no tiene fecha de celebración.
La demanda por acoso laboral de Barrera -también contra el concejal de Seguridad Ciudadana, Telmo Ucha- se basa en el incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales “por los graves daños y perjuicios profesionales, físicos, psíquicos y morales derivados del acoso sufrido”. La jefa de la Policía Local, que lleva ya ocho meses de baja laboral, reclama al Concello una indemnización de 192.515 euros.
Barrera presentó esta demanda cuando lleva a medio año de baja, después de que se hubiera activado el protocolo interno de acoso laboral en el Concello tras haber hecho una denuncia interna ante Recursos Humanos por la “presión psicológica”, lo que supone un posible “acoso moral y laboral manifestado en multitud de actos y ocasiones” por parte de Ucha. Uno de los hechos más controvertidos sucedió cuando, ya estando Barrera de baja, Ucha ordenó forzar la puerta del despacho de la jefa policial.
Denuncia interna en mayo
Barrera había remitido el pasado 20 de mayo un burofax al alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, en el que le comunicaba que el día 13 de ese mes le habían “forzado” la puerta de su despacho sin su consentimiento y sin causa justificada, abriendo los armarios y metiendo todos sus objetos personales en una caja de cartón, en paradero desconocido. En un escrito presentado ante la Dirección General de Recursos Humanos del Concello de Ourense y ante la Inspección de Trabajo, que activó el protocolo interno por acoso, relataba estas actuaciones y avanzaba que en caso de no haber una solución emprendería acciones judiciales, tal como acabó haciendo en diciembre de 2022.
