El Real Decreto Ley de Medidas Procesales y Organizativas para hacer frente al COVID-19 en la justicia, aunque abre el camino para la desescalada en ese ámbito, no convence a los operadores jurídicos ourensanos. La norma aprobada el martes enarbola en su exposición que establece como prioridad la salud de los profesionales y articula medidas para hacer frente al previsible incremento de asuntos en los órganos judiciales tras el parón productivo provocado por las medidas excepcionales de contención de la pandemia.
Apuesta por las vistas telemáticas (dispensa a los acusados con peticiones de menos de dos años de cárcel de acudir físicamente al edificio judicial), exime de la toga a los letrados, establece turnos de trabajo mañana y tarde, la movilidad de funcionarios entre juzgados y, pese a la contundente oposición de abogados y procuradores, considera hábil el mes de agosto (del 11 al 31). "Sería mucho más operativo concentrar las vacaciones de los funcionarios y profesionales de la justicia en un único mes, agosto, y no en tres, ya que se ralentiza el sistema más tiempo", asegura el secretario técnico del Colexio da Avogacía de Ourense, Alejandro Pérez.
El decano de los procuradores, Ricardo Garrido, comparte esta opinión. "Recibiremos notificaciones por Lexnet con un plazo para evacuar pero habrá que suspender numerosos actos procesales antes las dificultades de localizar a los justiciables, peritos, testigos...", apunta. En este línea también se expresan aquellos acostumbrados a trabajar en el ecuador del verano. "La habilitación de agosto deja sin descanso a los profesionales y no tendrá una notable repercusión en la agilización de la justicia", resalta el presidente de la Audiencia, Antonio Piña.
Constitucionalidad
Algunos juristas como el magistrado Alfonso Villagómez consideran el decreto ley, "necesario pero condenado al fracaso". Incluso cuestiona su constitucionalidad "puesto que altera disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ)", que establece agosto como el mes universalmente inhábil para la actividad jurisdiccional. "Un decreto ley hay que dictarlo dentro de los límites y supuestos del artículo 86 de la Constitución y respetando siempre el principio de jerarquía normativa", esgrime.
En este camino al desconfinamiento de la justicia, la Audiencia de Ourense ya fijó su primera vista oral penal para el 21 de mayo (un juicio por una agresión sexual con robo con violencia aplazado ya tres veces). Según Piña, aunque la vista es pública, se limitará el aforo para respetar la distancia de seguridad, recomendarán asistir con mascarilla y se promoverán las videoconferencias para que los testigos puedan declarar desde sus casas o trabajos, aunque, según clara, el real decreto no regula cómo serán las conexiones telemáticas.
El dirigente del máximo organismo judicial de la provincia cree que la diposición normativa es "oscura" y deja en el aire cuál será la situación de la justicia una vez concluya el estado de alarma. "No recoge las medidas sanitarias que deben seguirse en el desarrollo de los juicios y en la actividad diaria, ni se prevén los medios para su implantación".
Villagómez subraya que "no existen los medios tecnológicos ni personales para poder llevar a cabo muchas de las indicaciones". Y enumera: espacios adaptados para actuaciones telemáticas, instrumentos adaptados para deliberaciones no presenciales, ni portales ni terminales para una comunicación online.
El decreto agiliza los conflictos de familia, los procesos relativos a expedientes de regulación de empleo y quiebras empresariales. Pero, según valora el presidente de la Audiencia de Ourense, "no adopta medidas organizativas y presupuestarias para reforzar los órganos sociales y mercantiles, previsiblemente los más afectados".
La jueza del Mercantil valora las medidas para evitar cierres
La titular del Juzgado Mercantil, Eva Martínez Gallego, comparte la importancia de los medios materiales y personales. A su entender, en materia concursal se introducen algunas medidas que pueden favorecer a las empresas que actualmente se encuentran en fase de cumplimiento de un convenio de acreedores para evitar su liquidación en caso de que a consecuencia de la situación actual no puedan cumplir con el mismo. La magistrada se refiere es que "se recupera la figura del reconvenio, que quizás nunca debió desaparecer de la norma, y que supone la posibilidad de presentar una modificación de dicho convenio con nuevas quitas y esperas". Durante un año a contar desde la declaración del estado de alarma, "lo que efectivamente permitirá evitar la liquidación de algunas empresas". Ello se extiende también al aplazamiento del deber de solicitar la liquidación en caso de no poder hacer frente a los pagos así como la remisión al acuerdo de refinanciación homologado judicialmente.
Para la jueza es importante otra novedad: "el aplazamiento del deber de solicitar el concurso de acreedores a quien se encuentre incurso en situación de insolvencia hasta el 31 de diciembre de 2020", lo que permitirá evitar la declaración de concursos necesarios instados por acreedores. Aun así, advierte que en la práctica, si una empresa o un particular se encuentra en dicha situación, aun no estando obligado a solicitar el concurso, no tendrá más remedio que hacerlo para negociar con sus acreedores en un intento de continuar con la actividad y, en muchos casos, para liquidarla ordenadamente cuando tras el cierre de este periodo no pueda asumir o tan siquiera abrir.
La norma da prioridad a algunos trámites concursales como los incidentes laborales, enajenación de unidades productivas o venta en globo de los elementos del activo..., "prioridad que no es más que la práctica habitual en los juzgados".
La togada explica que, además, "para agilizar la tramitación de los procedimientos concursales que van a presentarse atendiendo a las cifras de negocios que se preven vayan a cerrar consecuencia de esta crisis económica derivada de la pandemia hay grupos de trabajo elaborando modelos de solicitud de concursos, discriminando supuestos para remitir a los colegios de abogados para que todos los profesionales puedan actuar con mayor agilidad en cada caso y el juzgado pueda dar una respuesta más eficaz.
En cualquier caso, Martínez Gallego destaca que "para evitar el colapso sería más importante que medidas de carácter económico y fiscal fueran efectivas y llegaran rápidamente para la supervivencia del tejido empresarial de la provincia".
Piden aprovechar los dos edificios en favor de la seguridad de los funcionarios
Los sindicatos por su parte con representación en la junta de personal son unánimes a la hora de criticar un real decreto que no planifica una reincorporación segura de las plantillas, que debe ser fijada por la Dirección Xeral de Xustiza.
Nuria Fornos, de Alternativas na Xustiza-CUT, pone el foco en garantizar el material de protección y una distribución segura de los funcionarios en las oficinas judiciales, "muy apiñados en el nuevo edificio", unido a la ausencia de ventanas, "contraproducente para la protección de los trabajadores". A su entender, la existencia de dos edificios en la ciudad permite una distribución más segura, aprovechando las opciones del Pazo de Xustiza. Urge la convocatoria urgente de una mesa de negociación con la Xunta para ver cómo se lleva a cabo la desescalada con seguridad.
UGT habla de alquimia jurídica en el "decretazo", llegando a pedir la dimisión del ministro. "Prevenir no es improvisar", dice esta central.
