Tal y como preveía el Concello desde antes de su aprobación definitiva por parte de la Xunta, la ordenación provisional ha sido recurrida ya por diversos particulares.
El Diario Oficial de Galicia publicaba ayer que la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras había recibido un escrito de la sección segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo en relación a cuatro recursos presentados por el concesionario de vehículos Copersa, por Eduardo Vázquez y otras 18 personas, por Purificación Míguez y cuatro personas más, y por el funcionario Jorge Víctor Gil Carnicer contra la orden autonómica que aprobó la ordenación urbanística provisional.
Con el anuncio en el DOG, la consellería notificaba así a los procedimientos para que las personas interesadas puedan comparecer como demandados en los autos en el plazo de nueve días. Además de estos recursos, la Asociación de propietarios de fincas urbanas había anunciado otro en su día contra la inclusión de 15 ámbitos privados en este documento, al considerar que perjudicaba los intereses de sus asociados.
Precisamente fue la incorporación de ámbitos exclusivamente privados -los otros 15 contaban con equipamientos considerados por el Concello de interés público- el motivo de principal discrepancia entre el Concello y la Xunta a la hora de elaborar la ordenación urbanística que recupera el planeamiento de 2003 en un total de 30 zonas de la ciudad, mientras que en el resto del municipio está vigente la norma de 1986, considera obsoleta.
En todo caso, y al margen de esta inclusión, la aprobación de una norma de estas características siempre suele llevar aparejada la presentación de recursos por parte de particulares o empresas que consideran que la ordenación puede perjudicar sus intereses. Al ser una norma aprobada por la Xunta, los procedimientos se están tramitando en el Tribunal Superior de Xustiza.
HASTA EL NUEVO PLAN
En caso de producirse una anulación judicial de la norma, es posible que las administraciones implicadas optaran por recurrir la resolución judicial, de forma que el proceso se dilataría en el tiempo hasta coincidir con la entrada en vigor del nuevo Plan Xeral, que se prevé sea a finales de este mandato y con el que esta ordenanza perderá vigencia.
Con el anuncio en el DOG, la consellería notificaba así a los procedimientos para que las personas interesadas puedan comparecer como demandados en los autos en el plazo de nueve días. Además de estos recursos, la Asociación de propietarios de fincas urbanas había anunciado otro en su día contra la inclusión de 15 ámbitos privados en este documento, al considerar que perjudicaba los intereses de sus asociados.
Precisamente fue la incorporación de ámbitos exclusivamente privados -los otros 15 contaban con equipamientos considerados por el Concello de interés público- el motivo de principal discrepancia entre el Concello y la Xunta a la hora de elaborar la ordenación urbanística que recupera el planeamiento de 2003 en un total de 30 zonas de la ciudad, mientras que en el resto del municipio está vigente la norma de 1986, considera obsoleta.
En todo caso, y al margen de esta inclusión, la aprobación de una norma de estas características siempre suele llevar aparejada la presentación de recursos por parte de particulares o empresas que consideran que la ordenación puede perjudicar sus intereses. Al ser una norma aprobada por la Xunta, los procedimientos se están tramitando en el Tribunal Superior de Xustiza.
HASTA EL NUEVO PLAN
En caso de producirse una anulación judicial de la norma, es posible que las administraciones implicadas optaran por recurrir la resolución judicial, de forma que el proceso se dilataría en el tiempo hasta coincidir con la entrada en vigor del nuevo Plan Xeral, que se prevé sea a finales de este mandato y con el que esta ordenanza perderá vigencia.
