El ourensano Jesús Díaz Barreiros se enfrenta a una petición fiscal de un año de prisión, como presunto autor de un delito de falsedad documental. Está pendiente de sentencia, después de que esta semana se celebrara en el Juzgado de lo Penal 7 de Palma de Mallorca una vista en la que el Ministerio Fiscal reafirmó su posición. Mantuvo la imputación de falsificación de documento privado, pidiendo un año de prisión, accesoria de inhabilitación especial y costas, e introdujo como calificación alternativa el delito de empleo en juicio de un documento falso a sabiendas de esa condición, según el artículo 396 del Código Penal.
El origen del caso está en febrero del 2017, según la Fiscalía, con la presentación de una demanda de despido nulo por parte del imputado, Jesús Díaz, contra una empresa. En la vista por despido en el Juzgado de lo Social 1 de Palma aportó el ahora acusado y entonces demandante, fotocopia de un documento “en el que, poniendo en peligro la fe y seguridad del tráfico jurídico, se hacía constar que se trataba de un contrato de trabajo”, según la fiscalía. Aquella actuación originó una querella de la entidad demandada en dicho procedimiento laboral. Así pues, se le atribuye aportar en un juicio anterior un falso documento en el que estampó como válida una firma de otra persona que él mismo simuló, según el Ministerio Fiscal y la acusación particular, que eleva su petición a dos años de prisión.
Se da la circunstancia de que a mediados de diciembre del 2020, como ya informó este periódico también a través de medios locales, Díaz Barreiros fue detenido por la Guardia Civil en Palma de Mallorca, por la revelación de datos de un procedimiento judicial secreto, en una investigación por supuesta corrupción en la Autoridad Portuaria de Baleares, por lo que la jueza del caso entendió que había interferido en la investigación para perjudicarla. El detenido pasó una noche en los calabozos de la Comandancia palmesana, quedando en libertad tras declarar en el juzgado. El caso sigue abierto.
