El Concello de Ourense no tiene intención de emprender ninguna acción restrictiva sobre el botellón, salvo que provoque destrozos o altere el orden público. El alcalde de la ciudad delega la solución del problema a la reforma de la Ley del Alcohol, cuyo borrador ultima Sanidade, que prohibirá la venta de alcohol a menores y su consumo en la vía pública.
El Concello de Ourense seguirá mostrando tibieza a la hora de hacer frente a las quejas ciudadanas suscitadas por el botellón y que, con mayor o menor incidencia, afectan a 32 emplazamientos urbanos, según datos del Servicio de Limpieza. Por el momento, la concentraciones en espacios públicos para beber alcohol no serán prohibidas ni penalizadas por ordenanzas municipales, siempre que no lleven parejas conductas vandálicas o delictivas. El Concello de Ourense, según confirmó ayer el alcalde, Francisco Rodríguez, emplaza una solución de reducción de impacto a instancias superiores, en concreto, a la Consellería de Sanidade y a la futura Ley reguladora del uso racional de bebidas alcohólicas, que fijará la edad mínima de consumo en 18 años (la Ley de Drogas la fija en 16 para determinados productos). En este sentido, Rodríguez aseveró que esa prohibición de beber alcohol ós menores de idade terá unha incidencia no botellón. El gobierno local se limitará a esperar el articulado de la Xunta -apostilló- tanto a la hora de velar por su cumplimiento como en las inspecciones y la capacidad de actuación de las fuerzas de seguridad.
El Concello confirma así que no seguirá la estela de otras ciudades gallegas como Vigo, en donde están prohibidas las concentraciones en lugares públicos para beber alcohol en dos importantes áreas: el entorno de Joaquín Loriga y el área histórica de la plaza del Berbés, por la prevalencia del derecho al descanso.
Asimismo, el primer edil derivó posibles soluciones, pero futuras, a las reflexiones o propuestas que salgan de la comisión encargada de poner en marcha el Plan municipal de Civismo, que fue presentado ayer a los medios de la comunicación, y que, tal como adelantó La Región, tendrá como objetivo dar respuesta a problemas que atañen a la convivencia ciudadana. Aunque en la relación de problemas incluidos en el pacto cívico, el botellón figura en último lugar, precedido por problemas de convivencia, accesibilidad, pintadas en fachadas o pegada de carteles, exceso de ruidos, seguridad vial, limpieza viaria y destrozo de mobiliario.
El plan cívico será un gran pacto para saber cómo usar a nosa casa en común
Los promotores del Pacto Cívico son conscientes de las buenas intenciones en las que se asienta. Pero con corresponsabilidad práctica porque, según aseveró su coordinador, el profesor Xosé Rúas, das grandes utopías fixéronse grandes realidades. En palabras del alcalde de la ciudad, el Concello pretende abanderar un plan que sea sinónimo dun gran pacto da cidadanía para definir cómo usamos a nosa casa común, a cidade, cómo nos relacionamos e cómo interactuamos entre nós para ter un lugar de convivencia pacífica.
Una comisión cívica, con participación plural que canalice diferentes sinergias, que será la encargada de reflexionar y buscar soluciones ajustadas a las nuevas realidades urbanas. Estará constituida por alrededor de 25 personalidades representativas del tejido social de la ciudad y representantes de diversas asociaciones y colectivos. Una especie de sociedad intermedia, a juicio de Rúas, que tomará el pulso a la ciudad.
Entre las posibles acciones cuya potestad le está asignada, siguiendo el modelo de otros pactos cívicos ya existentes, figura la creación de brigadas cívicas -voluntariado encargado de labores de concienciación-; la formalización de convenios, la propuesta de formular ordenanzas, planes de educación cívica o incluso la puesta en marcha de campañas de comunicación bajo la premisa de que, según explicó el coordinador, a comunicación é acción.
Los colectivos a los que se les ha pedido colaborar tienen de plazo para nombrar representantes hasta el 15 de octubre.
El Concello confirma así que no seguirá la estela de otras ciudades gallegas como Vigo, en donde están prohibidas las concentraciones en lugares públicos para beber alcohol en dos importantes áreas: el entorno de Joaquín Loriga y el área histórica de la plaza del Berbés, por la prevalencia del derecho al descanso.
Asimismo, el primer edil derivó posibles soluciones, pero futuras, a las reflexiones o propuestas que salgan de la comisión encargada de poner en marcha el Plan municipal de Civismo, que fue presentado ayer a los medios de la comunicación, y que, tal como adelantó La Región, tendrá como objetivo dar respuesta a problemas que atañen a la convivencia ciudadana. Aunque en la relación de problemas incluidos en el pacto cívico, el botellón figura en último lugar, precedido por problemas de convivencia, accesibilidad, pintadas en fachadas o pegada de carteles, exceso de ruidos, seguridad vial, limpieza viaria y destrozo de mobiliario.
El plan cívico será un gran pacto para saber cómo usar a nosa casa en común
Los promotores del Pacto Cívico son conscientes de las buenas intenciones en las que se asienta. Pero con corresponsabilidad práctica porque, según aseveró su coordinador, el profesor Xosé Rúas, das grandes utopías fixéronse grandes realidades. En palabras del alcalde de la ciudad, el Concello pretende abanderar un plan que sea sinónimo dun gran pacto da cidadanía para definir cómo usamos a nosa casa común, a cidade, cómo nos relacionamos e cómo interactuamos entre nós para ter un lugar de convivencia pacífica.
Una comisión cívica, con participación plural que canalice diferentes sinergias, que será la encargada de reflexionar y buscar soluciones ajustadas a las nuevas realidades urbanas. Estará constituida por alrededor de 25 personalidades representativas del tejido social de la ciudad y representantes de diversas asociaciones y colectivos. Una especie de sociedad intermedia, a juicio de Rúas, que tomará el pulso a la ciudad.
Entre las posibles acciones cuya potestad le está asignada, siguiendo el modelo de otros pactos cívicos ya existentes, figura la creación de brigadas cívicas -voluntariado encargado de labores de concienciación-; la formalización de convenios, la propuesta de formular ordenanzas, planes de educación cívica o incluso la puesta en marcha de campañas de comunicación bajo la premisa de que, según explicó el coordinador, a comunicación é acción.
Los colectivos a los que se les ha pedido colaborar tienen de plazo para nombrar representantes hasta el 15 de octubre.
