Florindo González, un magnate del comercio al por mayor de pescado, con raíces en Carballiño y muy devoto de la Virgen de Arcos, pasó ayer brevemente por la sala de vistas de la Audiencia de Ourense para ratificar un acuerdo a tres bandas: Abogacía del Estado, Fiscalía y defensa. Acusado de tres delitos contra la Hacienda Pública en 2012, 2013 y 2014, pagó 4,5 millones de euros para zanjar sus cuentas con la justicia y evitar penas de prisión por tratarse de infracciones penales agravadas por las cantidades defraudadas. El delito contra la Hacienda Pública, tal como recoge el Código Penal, se castiga con la pena de prisión de dos a seis años si la cuota defraudada excede de seiscientos mil euros.
Las acusaciones sitúan a Florindo González Corral como “el verdadero administrador” de la sociedad Frigoríficos Florindo e Hijos S.L., constituida en 1990. El encausado admite que controlaba una actividad pesquera a través de empresas radicadas en Galicia y, utilizando la infraestructura de las mismas, desarrolló, además, una importante actividad de pesca ilegal en el Pacífico Sur, en aguas cercas a la Antártida.
La empresa capturaba una especie particularmente regulada, la merluza negra (también conocida como bacalao austral o mero chileno), muy apreciada en el mercado asiático. Fue vendida irregularmente, y el dinero obtenido se introdujo en España, en beneficio del encausado, a través de un complejo tejido de empresas y entidades situadas en el extranjero, a menudo paraísos fiscales. Es decir, la actividad de pesca ilegal no la declaró fiscalmente en España, eludiendo el abono del impuesto de sociedades defraudado a la Agencia Tributaria.
