El Gobierno prepara una auténtica revolución del mapa municipal del país, según han confirmado fuentes del Partido Popular.
El objetivo es adelgazar los 8.117 ayuntamientos del país, una cifra que considera demasiado elevada en comparación con lo que ocurre en el resto de Europa, pero que también persigue eliminar duplicidades, fusionar servicios y, sobre todo, suprimir empleos públicos. Todos los esfuerzos están dirigidos a la reducción del déficit público al 3%, una meta que se ha convertido en una auténtica trituradora a la que hay que alimentar a marchas forzadas con todo tipo de ajustes. El proyecto de Ley llegará al Consejo de Ministros el viernes, pero probablemente el presidente del país, Mariano Rajoy, anticipe algunos detalles hoy en el Congreso, en su comparecencia para informar sobre el Consejo Europeo celebrado en Bruselas los pasados 28 y 29 de junio.
El Gobierno ha barajado hasta tres cifras antes de decidir cuál es el tamaño mínimo que debe tener un municipio: 1.000 habitantes, 5.000 o 15.000. Finalmente, podría haber optado por la del medio, de tal modo que provocará la fusión de aquéllos que no superen los 5.000 empadronados; eso sí, con matices.
En realidad, no se trata de una regla fija, habrá excepciones. La principal es que podrán mantener su autonomía aquellos que hayan presentado ante Hacienda un plan de ajuste aprobado en pleno y que éste haya sido autorizado por el Ministerio, independientemente de la población que tengan. Al introducir previsiblemente el criterio de viabilidad económica, los municipios ourensanos que estén bien posicionados y que hayan obtenido el visto bueno de Hacienda en sus respectivos planes de reequilibrio podrán mantener su estatus, si este plan gubernamental sale adelante en esas condiciones. Pero en Ourense existe una excepción: el municipio de Os Blancos, gobernado por un alcalde independiente, en una situación económica insostenible, y que carece de plan de ajuste que garantice su viabilidad.
Según el plan estatal, Os Blancos quedaría sin atribuciones y sus competencias serían asumidas por la Diputación, quedando e término municipal como un ente aún por clasificar. La posible medida ya ha levantado ampollas en el gobierno municipal de Os Blancos, que llegó a pedir hace unos meses la intervención de la Xunta ante su completo bloqueo económico.
Hay que precisar que si el Gobierno obligase a fusionarse a los municipios ourensanos de menos de 5.000 habitantes, sin tener en cuenta el matiz económico, tan sólo quedarían diez concellos: Allariz, Barbadás, O Barco de Valdeorras, Carballiño, Celanova, Xinzo de Limia, Pereiro de Aguiar, Ribadavia, Verín y la propia capital de la provincia.
AL MENOS 1.300 AFECTADOS
En el conjunto del país, podría haber 1.300 municipios que no tienen garantizado su futuro en esas posibles condiciones. Se trata de entidades locales que han quedado excluidas del mecanismo de pago a proveedores.
En el fondo de este problema subyace la enorme cifra de empleados públicos de la administración local, que pasó de un 14% en el año 1983 a un 24% del total de funcionarios de las tres administraciones públicas en 2011.
El Gobierno ha barajado hasta tres cifras antes de decidir cuál es el tamaño mínimo que debe tener un municipio: 1.000 habitantes, 5.000 o 15.000. Finalmente, podría haber optado por la del medio, de tal modo que provocará la fusión de aquéllos que no superen los 5.000 empadronados; eso sí, con matices.
En realidad, no se trata de una regla fija, habrá excepciones. La principal es que podrán mantener su autonomía aquellos que hayan presentado ante Hacienda un plan de ajuste aprobado en pleno y que éste haya sido autorizado por el Ministerio, independientemente de la población que tengan. Al introducir previsiblemente el criterio de viabilidad económica, los municipios ourensanos que estén bien posicionados y que hayan obtenido el visto bueno de Hacienda en sus respectivos planes de reequilibrio podrán mantener su estatus, si este plan gubernamental sale adelante en esas condiciones. Pero en Ourense existe una excepción: el municipio de Os Blancos, gobernado por un alcalde independiente, en una situación económica insostenible, y que carece de plan de ajuste que garantice su viabilidad.
Según el plan estatal, Os Blancos quedaría sin atribuciones y sus competencias serían asumidas por la Diputación, quedando e término municipal como un ente aún por clasificar. La posible medida ya ha levantado ampollas en el gobierno municipal de Os Blancos, que llegó a pedir hace unos meses la intervención de la Xunta ante su completo bloqueo económico.
Hay que precisar que si el Gobierno obligase a fusionarse a los municipios ourensanos de menos de 5.000 habitantes, sin tener en cuenta el matiz económico, tan sólo quedarían diez concellos: Allariz, Barbadás, O Barco de Valdeorras, Carballiño, Celanova, Xinzo de Limia, Pereiro de Aguiar, Ribadavia, Verín y la propia capital de la provincia.
AL MENOS 1.300 AFECTADOS
En el conjunto del país, podría haber 1.300 municipios que no tienen garantizado su futuro en esas posibles condiciones. Se trata de entidades locales que han quedado excluidas del mecanismo de pago a proveedores.
En el fondo de este problema subyace la enorme cifra de empleados públicos de la administración local, que pasó de un 14% en el año 1983 a un 24% del total de funcionarios de las tres administraciones públicas en 2011.
