LR- El proceso judicial por la venta de la Finca Santamarina entra en su recta final. Las partes están ya en proceso de conclusiones finales en las que la cuestión a destacar es cuál es el informe pericial sobre el valor de la finca que tiene más credibilidad.
El proceso judicial por la Finca Santamarina se acerca poco a poco a su final. En la actualidad, el procedimiento que se lleva a cabo en la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza se halla ya en su fase de conclusiones finales, en la que las partes informan al tribunal sobre lo que consideran más significativo del proceso antes de que se dicte sentencia.
En las conclusiones de una de las partes demandantes, el PSOE, el letrado Eduardo Mazaira se centra en determinar cuál es el informe pericial más objetivo y ajustado al valor real de la finca. Este abogado concede que la valoración que más se ajusta a la realidad es la del Agente de la Propiedad Inmobiliaria ’por la especialización del perito en la compraventa de inmuebles y el concreto conocimiento de los precios reales de la zona en Ourense’. Este informe tasaba el valor de la finca en unos 4.000 millones de pesetas (24 millones de euros). Entiende que los informes de la parte demandada y codemandada ’valoran muy a la baja el precio real de mercado del uso comercial’.
El valor
En definitiva, la cuestión central es el valor real de la finca, que otros peritos situaron en cifras que van desde los 2.985 millones de pesetas a los más 5.000 millones.
Una vez el tribunal tenga claro el aspecto del precio, los demandantes solicitan que declare la ’nulidad de la compraventa de la Finca Santamarina’, un procedimiento que las partes deman dadas entienden que se realizó de forma correcta y según los precios del mercado. Así, los peritos de la inmobiliaria Flager declararon en su día que el precio acordado en 2001, de alrededor de 20 euros el metro cuadrado, era ajustado a la realidad del mercado, al compararlo con parcelas de otras zonas de la ciudad.
Una vez que los demandantes, PSOE y BNG, y los demandados, Diputación y Flager, presenten sus conclusiones, el tribunal podrá valorar todo el procedimiento y dictar sentencia en un proceso que dura ya alrededor de seis años.
