El año nuevo parece traer aires novedosos a la Corporación municipal de la ciudad, que ayer votó unánimemente sendas mociones del PP -aunque con enmiendas del bipartito- para pedir que Xunta y Gobierno central se acuerden de Ourense tanto en materia de políticas para potenciar el empleo como en infraestructuras y equipamientos -reclamando a la primera 6,9 millones más en inversiones-.
Eso sí, aunque votaron en el mismo sentido, la unanimidad de gobierno y oposición no estuvo exenta de un amplio debate en el que cada uno tiraba para lo suyo e intentaba defender la gestión de sus partidos en Santiago y Madrid, respectivamente -excepto el BNG, que presumió de no haber apoyado los presupuestos ni de la Xunta ni del Estado-.
Bastante más rápido resolvieron los concejales el que, a priori, era el punto estrella del orden del día: el recurso de alzada del Concello a la resolución desfavorable de la Comisión Superior de Urbanismo a la modificación puntual del Plan Xeral que permitirá el desarrollo del proyecto urbanístico del Campus. La mayoría de PSOE y BNG valió para llevar adelante este acuerdo, contra el que votó el PP al entender que 'es un error que traerá consecuencias negativas para el desarrollo urbanístico de Ourense', afirmó el edil José Luis Sousa, quien calculó que llevar este asunto al Juzgado implica 'que no se resolverá en tropecientos años'. Sin embargo, la concejala de Urbanismo, Áurea Soto, reiteró que la 'Comisión Superior de Urbanismo non ten competencia en materia de ordenación, xa que para a ordenación municipal hai que presentarse ás eleccións do Concello e gañalas', al tiempo que añadió que el Concello debía defender los intereses públicos y no los privados de un promotor, insistiendo en que la Praza da Universidade, proyectada en la propiedad del promotor, es 'irrenunciable'.
Tras este desacuerdo inicial en la votación, llegó la unanimidad. Todos los grupos aprobaron la ordenanza que agilizará la apertura de pequeños negocios y la realización de obras menores y también las tres mociones presentadas por el PP. Antes de acordar instar a las administraciones central y autonómica a que apoyen las políticas de empleo y las inversiones en la provincia, el alcalde, Francisco Rodríguez, tomó la palabra para criticar el 'abandono' que, a su juicio, sufre la ciudad por parte de la Xunta, algo que, a su juicio, 'comeza a ser un problema serio'. Por esta cuestión, valoró muy positivamente que 'sexamos máis belixerantes coas distintas administracións, autonómica e estatal, pero debemos facer unha análise realista da situación'. Así, aunque reconoció que 'historicamente, todos os gobernos foron bastante inxustos con Ourense', diferenció la actuación del Gobierno central (destacó el Plan E, la reforma del Banco de España y el AVE, entre otros) con la de la Xunta, 'que non ten agora mesmo obras na cidade' y que, aseguró, se limita a cumplir 'convenios anteriores'.
Bastante más rápido resolvieron los concejales el que, a priori, era el punto estrella del orden del día: el recurso de alzada del Concello a la resolución desfavorable de la Comisión Superior de Urbanismo a la modificación puntual del Plan Xeral que permitirá el desarrollo del proyecto urbanístico del Campus. La mayoría de PSOE y BNG valió para llevar adelante este acuerdo, contra el que votó el PP al entender que 'es un error que traerá consecuencias negativas para el desarrollo urbanístico de Ourense', afirmó el edil José Luis Sousa, quien calculó que llevar este asunto al Juzgado implica 'que no se resolverá en tropecientos años'. Sin embargo, la concejala de Urbanismo, Áurea Soto, reiteró que la 'Comisión Superior de Urbanismo non ten competencia en materia de ordenación, xa que para a ordenación municipal hai que presentarse ás eleccións do Concello e gañalas', al tiempo que añadió que el Concello debía defender los intereses públicos y no los privados de un promotor, insistiendo en que la Praza da Universidade, proyectada en la propiedad del promotor, es 'irrenunciable'.
Tras este desacuerdo inicial en la votación, llegó la unanimidad. Todos los grupos aprobaron la ordenanza que agilizará la apertura de pequeños negocios y la realización de obras menores y también las tres mociones presentadas por el PP. Antes de acordar instar a las administraciones central y autonómica a que apoyen las políticas de empleo y las inversiones en la provincia, el alcalde, Francisco Rodríguez, tomó la palabra para criticar el 'abandono' que, a su juicio, sufre la ciudad por parte de la Xunta, algo que, a su juicio, 'comeza a ser un problema serio'. Por esta cuestión, valoró muy positivamente que 'sexamos máis belixerantes coas distintas administracións, autonómica e estatal, pero debemos facer unha análise realista da situación'. Así, aunque reconoció que 'historicamente, todos os gobernos foron bastante inxustos con Ourense', diferenció la actuación del Gobierno central (destacó el Plan E, la reforma del Banco de España y el AVE, entre otros) con la de la Xunta, 'que non ten agora mesmo obras na cidade' y que, aseguró, se limita a cumplir 'convenios anteriores'.
