La jueza del Juzgado mixto número 1 de Verín ha enviado al archivo otra pieza de la Operación Pokemon que tuteló la exjueza de Lugo Pilar de Lara. Y ya van seis pokemons, alusivos a imputados de la provincia de Ourense, que se salen del juego judicial. En este caso, por el supuesto trato de favor a la empresa Vendex, que en 2012 gestionaba el servicio de la ORA en Verín.
En esa causa estaban imputados el delegado de Vendex en Ourense, Adrián Cordero, su jefe superior, José María Tutor, y Carlos Araújo González, el responsable de la concesión en Verín. Los tres investigados quedan exonerados por la prescripción del delito de tráfico de influencias. La togada asume los argumentos del Ministerio Público, que recordaba que la causa llegó tarde y coja al juzgado de Verín: ya han transcurrido más de 10 años desde que el Juzgado de Instrucción 1 de Lugo echó mano de Vigilancia Aduanera para poner patas arriba la política gallega (2012).
La operación que apartó a De Lara del Juzgado lucense al ser sancionada por el Consejo General del Poder Judicial se repartió por otros partidos judiciales de la comunidad autónoma tras años sesteando en la Ciudad de la Muralla. La inhibición tardía de las diferentes piezas en las que fue troceada la Pokemon poco margen de maniobra dejó a los otros jueces: o ir a juicio o archivar puesto que, como recuerda la togada de Verín, “el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal veta la posibilidad de continuar con cualquier diligencia de investigación, ya que el órgano remisor de las actuaciones nunca declaró la causa, de más de 500 tomos, como compleja, ni acordó la prórroga de la instrucción.
Escuchas irrelevantes
Las diligencias de Verín partían de un informe de Vigilancia Aduanera de junio de 2015. Las conclusiones a los que llega “no han podido ser corroboradas por datos objetivos en la posterior investigación”, asegura el auto de archivo. Las transcripciones de las conversaciones intervenidas a los investigados “no han arrojado dato objetivo alguno”. Tampoco pueden considerarse indicios del delito de tráfico de influencias los seguimientos realizados a los imputados y la constatación de reuniones de personal de Vendex y de los propios investigados con personal del Ayuntamiento de Verín, “pues la existencia del contrato municipal y la pretensión de la parte adjudicataria del servicio de ampliar los servicios justificaban dichas reuniones”, admite la jueza. No solo ninguna de las líneas de investigación pudo acreditar algún pago o contraprestación a funcionarios públicos, sino que tampoco debe ser considerado un indicio los restos de un pósit y recibo, de fecha 24 de junio de 2007 pero encontrados el 20 de septiembre de 2012. Y resta importancia a las entregas de las cestas de navidad en los años 2008 y 2009 por el grupo Vendex al alcalde de Verín en ese momento, Juan Manuel Jiménez Morán, y al jefe de la Policía Local.
En esta pieza solo declararon Cordero y Tutor como investigados en Lugo. Posteriormente, la secretaria y el interventor del Concello fueron citados como testigos en noviembre de 2015. A partir de ahí, no hubo diligencias que interrumpieran la prescripción. En el caso de Carlos, no llegó a declarar nunca como investigado.
Todos los archivos
En las diligencias que integran el grueso de la Pokemon ya fueron archivadas las piezas alusivas a Carballiño (estaban imputados el exalcalde Argimiro Marnotes, Cordero y Tutor) así como la pieza alusiva a donaciones a partidos políticos en 2011, con 12 investigados, el expresidente de la Diputación José Luis Baltar y el exedil del BNG Fernando Varela, entre otros.
Pero del juego judicial también se apearon otros pokemons secundarios: la trama de Aquagest por tráfico de influencias (estaba el exregidor de Ourense Paco Rodríguez, el exresponsable de la empresa en Galicia, Henry Laíño o el exsecretario de la Diputación Francisco Cacharro); la pieza contra el exalcalde de la ciudad por prevaricación urbanística y cohecho o la alusiva al supuesto amaño entre la empresa Hemisferios S.L., filial de Monbus, y responsables del Concello de Nogueira para la explotación del embarcadero de Santo Estevo.
