Los policías de la Comisaría de Ourense hace una semana que disponen de un nuevo arma de defensa para repeler ataques y situaciones comprometidas en el desempeño de sus funciones, la pistola táser. Un arma de electrochoque, con detractores y defensores, capaz de inmovilizar temporalmente a una persona mediante descargas eléctricas que imitan las señales nerviosas y confunde a los músculos motores, principalmente brazos y piernas. Por ahora, hay disponibles cinco con sus respectivas cámaras -graban los usos- y están destinadas a los agentes adscritos a Seguridad Ciudadana (una o dos por turno de trabajo), aquellos que patrullan las calles, siempre y cuando hayan realizado el curso que los habilita para su utilización.
El empleo de estas pistolas, cuya utilización no puede ser indiscriminada, esa una vieja demanda de los sindicatos que representan a los funcionarios policiales, “con el fin de reducir a detenidos peligrosos que atentan contra el principio de autoridad de los policías y ponen en riesgo su vida”, según defiende Roberto González, el secretario gallego del SUP. Añade que cada vez son más las situaciones comprometidas para los agentes que patrullan la ciudad, sobre todo, a raíz del aumento de reyertas y riñas tumultuarias ligadas al ocio nocturno o conflictos sociales que se trasladan a las calles. Para González, la táser les da más respaldo jurídico ante determinadas intervenciones, sobre todo, porque evitan el uso del arma de fuego reglamentaria en situaciones en las que hay que decidir en pocos segundos. El impacto lesivo de las descargas “es mínimo” y, según añade, tiene carácter “disuasorio”.
La Policía Nacional ha evidenciado un repunte de detenidos por atentados a la autoridad desde la pandemia. Los agentes asegura que la crispación es mayor. El año pasado hubo récord, con 45 detenidos. En 2019, habían sido 29 y descendieron durante los años del covid, con 24 y 28, respectivamente, porque, por contra, aumentaron las sanciones por desobediencia o resistencia grave a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, amparadas por la Ley de Seguridad Ciudadana, la conocida como ley mordaza. En 2020, se impusieron 2.386 multas, lo que supusieron a los afectados el desembolso total de 1.455.562 millones mientras que en 2021 ya bajaron a 336 (212.974). En 2019, solo habían sido 110 (62.790 euros).
Antes de usar este arma hay que dialogar, según los mandos policiales
La Dirección General de la Policía a la hora de incorporar la táser a su armamento fijó una serie de directrices de uso. El dispositivo electrónico, según estableció en sus resoluciones, se enmarca como “un instrumento de uso policial eminentemente disuasorio”. Además, todas las actuaciones realizadas con esta arma deben quedar registradas para poder ser auditadas.
La descarga produce una contracción muscular que provoca la caída del sujeto (interfiere en las señales que envía el cerebro a los músculos) y deja al perjudicado inmovilizado entre tres y cinco segundos al incapacitar temporalmente el sistema nervioso sensorial y motor. Según las directrices policiales, “el uso de la fuerza es el último recurso y los agentes se deben ajustar a los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad”. La Dirección General de la Policía recuerda que antes de activar la pistola eléctrica “será necesario haber agotado todas las vías de diálogo, negociación y mediación posibles, advirtiendo de manera clara a la persona requerida que se hará uso del dispositivo si no depone su actitud”. El usuario no deberá apuntar al sujeto a la cabeza y al cuello a fin de evitar lesiones graves. Y no se puede utilizar con embarazadas, menores de 14 años, personas mayores o medio de control del orden público en manifestaciones.
