Sostiene que tenía que pagarla parcialmente el regidor, pero se cargó al Plan E. Agustín Fernández califica la denuncia de "terrorismo político" y anuncia que emprenderá las "accións legais oportunas".
El grupo municipal del PP presentó ayer ante la Fiscalía una denuncia por la urbanización del entorno de la vivienda del actual alcalde, Agustín Fernández, con fondos del Plan E. El escrito de los populares, que pide que se investiguen los hechos por si son constitutivos de los presuntos delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos y tráfico de influencias, fue calificado por el propio regidor como "terrorismo político" al llevar a la vía de lo penal "unha cuestión do ámbito persoal do alcalde, en todo caso administrativa, para derribar ó goberno municipal". Visiblemente enfadado, Agustín Fernández anunció, además, que adoptará "as accións legais oportunas contra esta denuncia infundada".
Los hechos denunciados por el PP se remontan a 1991, cuando el ahora alcalde, que entró en política en 2007, obtuvo licencia para construir una vivienda unifamiliar en la calle Clara Corral Aller de la ciudad, previo depósito de un aval de 25.452 euros para garantizar la posterior urbanización de la calle y la conexión de los servicios a la red de alcantarillado y abastecimiento de agua. No obstante, las obras de urbanización de la calle no se financiaron con cargo al aval depositado por él -junto al de otros propietarios- sino con cargo a unas obras del Plan E, adjudicadas por 227.873 euros el 5 de marzo de 2009 por la junta de gobierno en la que Fernández participaba como concejal de Economía y de la que, dijo, entiende que no tenía que ausentarse, lo que le reprocha el PP, que ve ahí la clave de la irregularidad.
Los populares le recriminan, así, que no se hubiera abstenido en esta votación, como sí hizo cuando la junta de gobierno del 15 de abril de 2010 acordó devolverle el aval que había depositado. También cuestiona que "estaba obligado a sufragar y costear" las obras de urbanización de la fachada de su parcela -algo de lo que discrepa el gobierno municipal- y, sin embargo, "tuvo una ganancia económica de 10.633 euros a costa del Concello" por no haber pagado esos trabajos, otro de los hechos denunciables para el PP.
El portavoz municipal popular, Rosendo Fernández, calificó los hechos de "gravísimos" y reclamó la dimisión inmediata del regidor. En el escrito presentado ante la Fiscalía, los populares extienden los supuestos delitos de malversación a todos los integrantes de las juntas de gobierno de 5 de marzo de 2009 y de 15 de abril de 2010 por "contratar obras que debían ser costeadas parcialmente por el entonces concejal Agustín Fernández", mientras que la presunta prevaricación la extiende a todos los miembros de la junta de gobierno del 15 de abril de 2010.Por último, el supuesto tráfico de influencias lo ciñen únicamente a la persona de Agustín Fernández.
El PP criticó también el "agravio comparativo" de que al regidor se le devolviera el aval, al igual que a otro vecino, mientras que un tercero "aínda está esperando a devolución porque agora cambiou ese técnico que facía os informes" que fundamentaron las otras dos devoluciones.
A este respecto, Áurea Soto, que compareció dos horas después con el alcalde, Agustín Fernández, explicó que a este particular no se le había devuelto el aval porque, a diferencia del alcalde y del otro vecino, carecía de permiso de ocupación. Según dice en una providencia la concejala, "o criterio do servicio de Urbanismo, polo menos dende 1999, é que ó non ter licencia de ocupación non procede a devolución dos avais".
Tanto Soto como Fernández explicaron cómo se había realizado el procedimiento en relación a la urbanización del entorno de la vivienda del alcalde. Fernández explicó que su calle se urbanizó con fondos del Plan E, "igual que en Mariñamansa, O Vinteún, A Ponte... e ningún destes veciños pagou os gastos". De hecho, en su providencia, en respuesta al interventor, Soto dice que "estudiaremos a imposición de contribucións especiais dos veciños de Ourense" a estas urbanizaciones
Además, explicó que la suya "é a típica rúa que impide urbanizar por partes. Durante 20 anos paguei custes do aval e non podía urbanizar porque era tecnicamente imposible", señaló Fernández. Según él, la urbanización de la calle debía ser completa porque si no "pechaba a rúa", puesto que "el proyecto era inejecutable por el cambio de alineaciones introducidos por el Plan Xeral de 2003", aseguró Áurea Soto.
El regidor también defendió su presencia en la junta de gobierno en la que se adjudicó la obra de construcción de aceras y asfaltado de su calle porque entonces "tería que absterme en todas nas que se decida sobre o Plan Xeral ou a limpeza", por ser en todos ellos parte implicada "como calquera veciño desta cidade".
