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CONDENA POR ABUSOS SEXUALES
El PPdeGinsiste en la demanda de explicaciones al BNG por haber incluido en sus listas electorales a un condenado por abusos sexuales. Tras el comunicado en el que los nacionalistas alegaron que Rosendo Fernández González, una de las caras visibles de la plataforma ProCAPD y de quien este periódico desveló que estuvo en la cárcel por abusar de una niña de cuatro años, “non tivo nin ten ningunha vinculación política co BNG”; el Partido Popular exige mayor contundencia e investigación sobre la presencia del acusado en las listas del Bloque.
La secretaria xeral de los populares gallegos, Paula Prado, recuerda que recientemente se pudo ver a Ana Pontón “compartiendo pancarta” con Rosendo Fernández, que tras estar en la cárcel “foi integrante da candidatura do BNG ao concello ourensán de Coles nos comicios do pasado 28 de maio”. Unos datos sobre los que instan ahora a la líder del partido en Galicia a investigar el grado de participación actual del acusado en su formación.
“A oposición é moito de investigar todo o relativo a outros partidos, pero, en cambio, cústalles moito cando se trata do seu”, señala Prado, mientras incide en la importancia de que los nacionalistas den una respuesta más clara y específica sobre lo ocurrido, puesto que el acusado actualmente “está traballando con persoas con discapacidade e con menores de idade”.
En este contexto, el PPdeG ve también relevante señalar los vínculos políticos que relacionan a Rosendo Fernández con el PSOE y con Podemos/Sumar en la provincia de Ourense, donde militó el acusado. Al igual que con Ana Pontón, los populares remarcan que José Ramón Gómez Besteiro debe dar explicaciones sobre una “situación o suficientemente grave como para ser investigada”.
Para los socialistas, esta insistencia del PP tiene únicamente un fin político y funciona a modo de “cortina de humo” para “desviar el foco de atención y tratar de justificar lo que no es justificable”, en relación con la licitación del Centro de Atención a la Discapacidad en Ourense, sobre el que la plataforma ProCAPD reclama una gestión pública y directa.
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