La prisión permanente se estrena en el crimen de Velle

La muerte violenta de la joven Ana Balboa por múltiples heridas de arma blanca y el ataque que casi deja sin vida a su novio, Álvaro Blanco, sentará en el banquillo de la Audiencia, en un juicio con tribunal popular, a Diego Rodríguez Torres. Este último no es un acusado cualquiera. No solo era familiar de las víctimas sino que es un paciente psiquiátrico, diagnosticado de esquizofrenia paranoide en 2016, que por primera vez en la provincia se enfrenta a una petición de pena de prisión permanente revisable por un doble asesinato, aunque una de las víctimas lograse sobrevivir.

Los abogados que las representan van por el mismo camino a la hora de dar forma jurídica a lo sucedido en la madrugada del 19 de febrero de 2021 cuando la pareja dormía en la casa que compartían en A Batundeira, en la localidad de Velle (Ourense) y el primo de Álvaro, según dice este último, comenzó a aporrear la puerta. Al grito de “os voy a matar”, el supuesto homicida, con el que había una buena relación porque vivían al lado, echó mano de un cuchillo. Primero fue a por Álvaro y después a por Ana. Ella murió en el acto por una hemorragia aguda pero él aún pudo pedir ayuda a su padre a través del teléfono y antes de perder la consciencia escribió el nombre de “Alvaro” con su propia sangre.

Las acusaciones particulares hablan de asesinato y tentativa, pero acabada -creyó que su primo estaba muerto-, con dos agravantes que lo penalizan todavía más (alevosía y ensañamiento): “El ataque fue sorpresivo, las víctimas no tuvieron ocasión de defenderse y el autor aumentó deliberada e inhumanamente el dolor de los ofendidos”. Como alternativa, plantean 25 años por el crimen de la joven y otros 15 por intentar matar a su novio.

Pasividad del Sergas

En cuanto a la responsabilidad civil, culpan al Sergas por su pasividad en la vigilancia y seguimiento de un enfermo psiquiátrico. Diego, según consta en su historial, llevaba nueve meses sin el inyectable antipsicótico que controla su enfermedad y que se le había pautado cada tres meses en su centro de salud. “El Sergas resulta responsable civil subsidiario al no haber adoptado ninguna de las medidas a su alcance de control del procesado en cuanto su necesario tratamiento médico”, asegura el abogado Jorge Temes (representa a los padres de Ana).

No obstante, entiende que el inculpado, esa noche, sabía lo qué hacía y alude al informe de dos forenses que concluyen que “Diego hace una interpretación errónea de la realidad por su trastorno psicótico, pero conoce los hechos y sus consecuencias; los ejecuta de manera ordenada y eficaz”. Así, “se levantó de la cama, le dijo a su madre que iba a matar unos conejos, salió de la casa y cerró la puerta con llave”, sostienen las acusaciones, incluida la Fiscalía, que reclama un total de 24 años (17+7) por asesinato consumado y tentativa. Y añaden que intentó ocultar su acción: “Tras cometer los hechos, se deshizo del cuchillo, tirándolo en una finca colindante a la vivienda, regresó a su casa ensangrentado, le dijo a su madre que venía de matar conejos, se cambió de ropa ocultando la que llevaba puesta, se lavó las manos y se acostó de nuevo”. La alarma de su casa saltó a las 04,58 y contestó la llamada para dar la clave de seguridad, pero que no ocurría nada.

Los forenses concluyen que en este caso concreto hay una modificación moderada de la comprensión del acto imputado: “Conoce los actos qué realiza, las consecuencias, pero su respuesta está mediatizada por la interpretación extraña de la realidad”.

La defensa de Diego Torres, quien sigue en la enfermería de la cárcel de Pereiro, planteó la absolución por una eximente completa de alteración psíquica o subsidiariamente una eximente incompleta muy cualificada. No admite el relato de hechos de las acusaciones porque Diego no sabe explicar qué hizo esa noche y tampoco comparte la calificación jurídica.

En todo caso, sería un homicidio al no apreciar la alevosía (ataque a traición y sobre seguro). Rechaza de plano la prisión permanente revisable al entender que no tiene encaje jurídico en este caso. En su escrito de defensa, incide en la esquizofrenia paranoide de su cliente que le impedía comprender el alcance de sus actos y recuerda que llevaba 9 meses sin medicar.