Propietarios que pleitean contra el Concello por el uso de sus solares en el área de reparto del Campus universitario, entre ellos la promotora a la que un juez obliga a abonar determinados aprovechamientos urbanísticos al Concello (Casas Orense), han denunciado ante la Agencia de la Protección de la Legalidad Urbanística de la Xunta que la residencia universitaria de estudiantes, Complexo Residencial As Burgas, no tiene licencia de construcción ni de apertura, y en su entorno tampoco se ejecutó el proyecto de urbanización comprometido.
Sólo se ha tramitado en el Concello un proyecto básico, que se condicionó expresamente, en lo que se refiere al inicio de las obras, a la aprobación de un proyecto de ejecución y a la urbanización de los terrenos, aunque sólo llegó a presentarse en el Concello el proyecto de ejecución de la estructura de la obra.
El viejo asunto que vuelve
La situación de irregularidad de la instalación, que abrió pese a todo con el permiso del Concello -presidido entonces por Manuel Cabezas- no es nueva para el gobierno municipal, pero hasta ahora no se había dado el paso de plantear su situación ante la Axencia, que abrirá un expediente al respecto para que se regularice la residencia; o, si ello no fuese posible, algo que no se considera probable, cerrarla.
El 'Complexo residencial de As Burgas', promovido y gestionado por Siresa Noroeste (empresa de ámbito estatal especializada en este tipo de equipamientos), está construido precisamente en terrenos de Casas Orense, que también pleitea con el Concello para que tramite un proyecto de compensación en el área de planeamiento incorporado (API-02-E) donde se encuentra esta residencia y donde la promotora posee más parcelas que ahora pretende edificar; es una tramitación que Urbanismo frenó (aunque ahora una sentencia, con posibilidad de recurso, le obliga a continuarla) debido a la remodelación de todo el conjunto universitario según el proeycto diseñado por Francisco Mangado.
En realidad, el abogado de la promotora y de otros propietarios minoritarios en ese área, Antonio Feijóo Miranda, ha presentado dos denuncias: ante el Concello, al que advierte de que la residencia carece de licencia de actividad, y ante la Xunta, en este caso por haberse edificado sin permiso. Pero mantiene también una serie de litigios abiertos por estos terrenos porque el Concello, dice, pretende darle el aprovechamiento y edificabilidad detrás de la actual Facultad de Derecho, en un suelo que en su día fue expropiado por la Xunta para uso residencial docente -que nunca se ejecutó- y que con los nuevos planes del Concello y de la Universidad ha quedado en desuso. Por cierto que piensa que los propietarios expropiados entonces podrían pedir la reversión de los terrenos, al no destinarle al uso inicial.
Además, arremete contra la suspensión de licencias en ese entorno cuando, asegura, realmente sólo afectan a su promotor, que cree perseguido por Urbanismo, porque se construyen, sin embargo, espacios deportivos y un parque en el Campus. Estas son, claro, instalaciones públicas frente a las viviendas privadas del promotor.
Urbanismo se defiende
La concejala de Urbanismo, mientras, justifica las acciones de su departamento, precisando que el promotor pretendía quedarse con el 100% de la edificabilidad en esa API pero 'el Concello obtiene el suelo en función de los intereses públicos, no privados'. Aurea Soto, la concejala, asegura que el promotor mantiene todo el aprovechamiento legal posible en los terrenos, otra cosa es el lugar de los mismos que obtendrá, porque entra en un área de reparto con otros propietarios; y el problema, precisa, es que todos quieren 'ventanas' a la carretera de Ponferrada. Señala, además, que ninguno de ellos ha perdido la edificabilidad que inicialmente les otorgaba el Plan de Urbanismo, antes del proyecto de Mangado, y eso, asegura, se mantendrá con la reforma del Campus. El Concello, por cierto, dice conocer la situación de irregularidad en la que se halla la residencia, asunto que piensa regularizar.
El curioso caso de la Plaza de San Antonio
El promotor y su abogado aseguran que todos estos conflictos urbanísticos tienen su propia derivación en la Plaza de San Antonio, asegurando que el Concello pretende lograr en el Campus la superficie de espacio verde que deberá perder en la Plaza -ilegalizable a su juicio porque el párking privado nunca podrá estar bajo un terreno público-, que pasaría a ser de titularidad privada. Anuncia, pues, que pedirá la revisión de la licencia de ese aparcamiento. A este respecto, Aurea Soto ya ha precisado que la Plaza seguirá siendo pública, sólo que a nivel de estándares de espacios verdes (los que exige la legalidad urbanística) no podrá computar como tal porque tiene aprovechamiento lucrativo el subsuelo. Los estándares precisos se pasarán al Campus.
El viejo asunto que vuelve
La situación de irregularidad de la instalación, que abrió pese a todo con el permiso del Concello -presidido entonces por Manuel Cabezas- no es nueva para el gobierno municipal, pero hasta ahora no se había dado el paso de plantear su situación ante la Axencia, que abrirá un expediente al respecto para que se regularice la residencia; o, si ello no fuese posible, algo que no se considera probable, cerrarla.
El 'Complexo residencial de As Burgas', promovido y gestionado por Siresa Noroeste (empresa de ámbito estatal especializada en este tipo de equipamientos), está construido precisamente en terrenos de Casas Orense, que también pleitea con el Concello para que tramite un proyecto de compensación en el área de planeamiento incorporado (API-02-E) donde se encuentra esta residencia y donde la promotora posee más parcelas que ahora pretende edificar; es una tramitación que Urbanismo frenó (aunque ahora una sentencia, con posibilidad de recurso, le obliga a continuarla) debido a la remodelación de todo el conjunto universitario según el proeycto diseñado por Francisco Mangado.
En realidad, el abogado de la promotora y de otros propietarios minoritarios en ese área, Antonio Feijóo Miranda, ha presentado dos denuncias: ante el Concello, al que advierte de que la residencia carece de licencia de actividad, y ante la Xunta, en este caso por haberse edificado sin permiso. Pero mantiene también una serie de litigios abiertos por estos terrenos porque el Concello, dice, pretende darle el aprovechamiento y edificabilidad detrás de la actual Facultad de Derecho, en un suelo que en su día fue expropiado por la Xunta para uso residencial docente -que nunca se ejecutó- y que con los nuevos planes del Concello y de la Universidad ha quedado en desuso. Por cierto que piensa que los propietarios expropiados entonces podrían pedir la reversión de los terrenos, al no destinarle al uso inicial.
Además, arremete contra la suspensión de licencias en ese entorno cuando, asegura, realmente sólo afectan a su promotor, que cree perseguido por Urbanismo, porque se construyen, sin embargo, espacios deportivos y un parque en el Campus. Estas son, claro, instalaciones públicas frente a las viviendas privadas del promotor.
Urbanismo se defiende
La concejala de Urbanismo, mientras, justifica las acciones de su departamento, precisando que el promotor pretendía quedarse con el 100% de la edificabilidad en esa API pero 'el Concello obtiene el suelo en función de los intereses públicos, no privados'. Aurea Soto, la concejala, asegura que el promotor mantiene todo el aprovechamiento legal posible en los terrenos, otra cosa es el lugar de los mismos que obtendrá, porque entra en un área de reparto con otros propietarios; y el problema, precisa, es que todos quieren 'ventanas' a la carretera de Ponferrada. Señala, además, que ninguno de ellos ha perdido la edificabilidad que inicialmente les otorgaba el Plan de Urbanismo, antes del proyecto de Mangado, y eso, asegura, se mantendrá con la reforma del Campus. El Concello, por cierto, dice conocer la situación de irregularidad en la que se halla la residencia, asunto que piensa regularizar.
El curioso caso de la Plaza de San Antonio
El promotor y su abogado aseguran que todos estos conflictos urbanísticos tienen su propia derivación en la Plaza de San Antonio, asegurando que el Concello pretende lograr en el Campus la superficie de espacio verde que deberá perder en la Plaza -ilegalizable a su juicio porque el párking privado nunca podrá estar bajo un terreno público-, que pasaría a ser de titularidad privada. Anuncia, pues, que pedirá la revisión de la licencia de ese aparcamiento. A este respecto, Aurea Soto ya ha precisado que la Plaza seguirá siendo pública, sólo que a nivel de estándares de espacios verdes (los que exige la legalidad urbanística) no podrá computar como tal porque tiene aprovechamiento lucrativo el subsuelo. Los estándares precisos se pasarán al Campus.
