La limitación urbanística más antigua de la ciudad la protagonizan los seis edificios de la esquina entre As Caldas y Basilio Álvarez, en A Ponte. Se encuentran fuera de ordenación, sin posibilidad de reedificación o mejora, desde el primer plan de ordenación de la ciudad, de 1964. Y pese a que los tribunales han fallado a favor de los requerimientos de los propietarios, obligando al Concello a proceder a su expropiación, éstos manifiestan que no existe una solución a la vista. Al menos a corto plazo.
El primer plan de ordenación de la ciudad, aprobado en 1964, dejó fuera del planeamiento a los seis edificios situados entre As Caldas y Basilio Álvarez. El objeto de esta medida era rectificar el trazado de la Avenida de Santiago, para que entroncase en línea recta con la actual Basilio Álvarez.
Pero esa obra proyectada no se realizó durante la larga vigencia de aquel primer plan, que duró hasta la aprobación del de 1987. Mientras, los propietarios han tenido que seguir soportando la prohibición urbanística más antigua de la ciudad.
Y se llega así a la Corporación presidida por Manuel Cabezas, que en vez de obligar a los promotores de esta zona a que desarrollasen primero los viales proyectados, les permitió construir en ese tramo de calle hasta llegar a la nueva sede de la Policía Local, dejando a las seis casas afectadas totalmente arrinconadas. Así, la gestión de Cabezas solucionó el problema a los promotores, pero dejó tras de sí una situación difícil de resolver para el Concello, porque pretendía ejecutar la calle a cuenta de los propietarios de los seis edificios de la esquina.
Ante este abuso, los afectados acudieron a los tribunales y éstos les dieron la razón, anulando el planeamiento en la zona. Ahora, el Concello está obligado a expropiar y pagar las seis casas, pero el PXOM no tomó la precaución de reservar para esta finalidad el aprovechamiento urbanístico que los pro motores de esa zona pagaron.
La situación actual se presenta complicada para el Concello, tal y como señala el abogado de los afectados, José Ignacio Losada, ya que están concedidas licencias y los edificios están terminados, pero con toda la zona (75.000 metros cuadrados) fuera del planeamiento actual (se rige por el Plan de Urbanismo de 1987), ya que el PXOM actual fue anulado en sentencia firme por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y ratificada por el Tribunal Supremo.
Pero esa obra proyectada no se realizó durante la larga vigencia de aquel primer plan, que duró hasta la aprobación del de 1987. Mientras, los propietarios han tenido que seguir soportando la prohibición urbanística más antigua de la ciudad.
Y se llega así a la Corporación presidida por Manuel Cabezas, que en vez de obligar a los promotores de esta zona a que desarrollasen primero los viales proyectados, les permitió construir en ese tramo de calle hasta llegar a la nueva sede de la Policía Local, dejando a las seis casas afectadas totalmente arrinconadas. Así, la gestión de Cabezas solucionó el problema a los promotores, pero dejó tras de sí una situación difícil de resolver para el Concello, porque pretendía ejecutar la calle a cuenta de los propietarios de los seis edificios de la esquina.
Ante este abuso, los afectados acudieron a los tribunales y éstos les dieron la razón, anulando el planeamiento en la zona. Ahora, el Concello está obligado a expropiar y pagar las seis casas, pero el PXOM no tomó la precaución de reservar para esta finalidad el aprovechamiento urbanístico que los pro motores de esa zona pagaron.
La situación actual se presenta complicada para el Concello, tal y como señala el abogado de los afectados, José Ignacio Losada, ya que están concedidas licencias y los edificios están terminados, pero con toda la zona (75.000 metros cuadrados) fuera del planeamiento actual (se rige por el Plan de Urbanismo de 1987), ya que el PXOM actual fue anulado en sentencia firme por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y ratificada por el Tribunal Supremo.
