El PSdeG-PSOE de Ourense exigió el desbloqueo inmediato de la comisión de redacción de la ordenanza del botellón ante el elevado número de protestas vecinales por el ruido y el consumo de alcohol en el casco histórico de la ciudad durante el fin de semana. Los socialistas destacan la necesidad de retomar este documento “urgentemente” a través de un enfoque transversal, en conjunto con otras normativas como las de ruidos, veladores y tráfico, y con el consenso de todos los agentes sociales, asociaciones y personas implicadas.
“É máis importante que nunca retomar axiña esta comisión de traballo, impulsada polos socialistas e que leva paralizada dende xullo de 2021, hai máis dun ano”, señalan desde el grupo municipal socialista, al tiempo que alertan de “a falta de sensibilidade do microgoberno de Jácome”, que está conduciendo a la ”progresiva e irreversible deterioración do casco histórico da cidade, coa consecuente degradación da convivencia veciñal”.
Desde el grupo socialista recuerdan también que la ordenanza municipal reguladora de la convivencia cívica y la protección de la salud derivada del consumo, venta, publicidad y promoción de bebidas alcohólicas en el espacio público del ayuntamiento de Ourense –comúnmente conocida como la ordenanza del botellón–, pretende desarrollar la competencia municipal en el consumo de bebidas alcohólicas de cualquier graduación en la vía pública, con el fin de evitar los problemas derivados de las reuniones masivas en plazas y parques con el alcohol como objeto común.
Para concluir, los socialistas reivindican, como ya hicieron en anteriores ocasiones, “un plan de intervención tanto a nivel social como educativo” para paliar las consecuencias derivadas de esta práctica y fomentar el desarrollo de hábitos respetuosos y saludables a nivel individual y colectivo.
La ordenanza antibotellón acarrea ya cuatro años de retraso. Fue el 10 de noviembre de 2017 cuando la entonces concejala de Servicios Sociales, Sofía Godoy, anunciaba la preparación de una Ordenanza de Concienciación Cívica, siguiendo la estela de muchas ciudades de España, que empezaron a regular esta actividad ilegal a partir del 2003. Pese a que en 2021 se trató de reimpulsar, los esfuerzos vecinales y de la concejala (entonces) Eugenia Díaz Abella no llegaron a ningún puerto.
