Desde las filas del PSOE y el BNG, cuyos grupos provinciales plantearon el pleito contra la Diputación por la venta de la finca, la valoración no podía ser más pesimista, aunque, de momento, ninguno ha precisado si mantendrá el litigio ante el Tribunal Supremo.
El portavoz socialista en la institución cuando se presentó la denuncia, Gonzalo Iglesias Sueiro, no ocultaba ayer su sorpresa por una resolución que acato pero de la que disiento, calificándola como un duro golpe para el interés público.
Tampoco la comparte el actual portavoz, Alfredo García, que reconoce la legalidad de la operación de venta efectuada por la Diputación, pero en la que acusa a Baltar de hacer perder dinero a los ciudadanos pues sostiene que la finca se vendió por una cantidad muy inferior al valor real de mercado.
Asimismo, el actual alcalde de Ourense, Francisco Rodríguez, mostraba por la tarde su tristeza por la resolución que, a su juicio, tiene una dimensión que sobrepasa con creces su carácter judicial: Deixou á cidade mutilada de espacios verdes e dotacionais e permitiu que se regalasen terreos de tódolos cidadáns.
Rodríguez no valoró la posibilidad de recurrir al Supremo ni tampoco el papel que desempeñará ahora el Concello pero desde la tenencia de alcaldía su titular, Sánchez Vidal, anunciaba, a través de un comunicado, que pedirá un informe a los juristas municipales para evaluar la posibilidad de que el Concello pueda personarse ahora como demandante, se supone que en la continuación del pleito en Madrid. Vidal, eso sí, califica la resolución de lesiva para los ciudadanos, favorecedora da especulación urbanística y permisiva con la Diputación, que podrá, dice, llevar a cabo una operación urbanística en uno de los pocos espacios públicos que quedan e la ciudad.
José Luis Baltar recalcaba que la sentencia no era sino la esperada por la Diputación porque nunca fixen nada que non fose avalado polos técnicos. Exultante por la resolución, Baltar instaba ayer a los denunciantes que cuestionaron la venta de la finca por tan poucos cartos, a aportar la diferencia con la alta valoración que defendían.
Pero, además, señala, se demuestra que no existió pelotazo alguno en la transacción de la finca puesto que todo el proceso se ajustó estrictamente a la legislación vigente.
Ahora, coinciden todas las partes, se abre un complejo camino de intereses inicialmente encontrados entre la empresa y el actual gobierno del Concello sobre el futuro urbanístico de una parcela que alcanza los 178.403 metros cuadrados de superficie y que cambiará, con sus mil viviendas en torres de hasta 14 pisos y sus espacios públicos, la fisonomía urbanística de todo el sureste de la ciudad.
Tampoco la comparte el actual portavoz, Alfredo García, que reconoce la legalidad de la operación de venta efectuada por la Diputación, pero en la que acusa a Baltar de hacer perder dinero a los ciudadanos pues sostiene que la finca se vendió por una cantidad muy inferior al valor real de mercado.
Asimismo, el actual alcalde de Ourense, Francisco Rodríguez, mostraba por la tarde su tristeza por la resolución que, a su juicio, tiene una dimensión que sobrepasa con creces su carácter judicial: Deixou á cidade mutilada de espacios verdes e dotacionais e permitiu que se regalasen terreos de tódolos cidadáns.
Rodríguez no valoró la posibilidad de recurrir al Supremo ni tampoco el papel que desempeñará ahora el Concello pero desde la tenencia de alcaldía su titular, Sánchez Vidal, anunciaba, a través de un comunicado, que pedirá un informe a los juristas municipales para evaluar la posibilidad de que el Concello pueda personarse ahora como demandante, se supone que en la continuación del pleito en Madrid. Vidal, eso sí, califica la resolución de lesiva para los ciudadanos, favorecedora da especulación urbanística y permisiva con la Diputación, que podrá, dice, llevar a cabo una operación urbanística en uno de los pocos espacios públicos que quedan e la ciudad.
José Luis Baltar recalcaba que la sentencia no era sino la esperada por la Diputación porque nunca fixen nada que non fose avalado polos técnicos. Exultante por la resolución, Baltar instaba ayer a los denunciantes que cuestionaron la venta de la finca por tan poucos cartos, a aportar la diferencia con la alta valoración que defendían.
Pero, además, señala, se demuestra que no existió pelotazo alguno en la transacción de la finca puesto que todo el proceso se ajustó estrictamente a la legislación vigente.
Ahora, coinciden todas las partes, se abre un complejo camino de intereses inicialmente encontrados entre la empresa y el actual gobierno del Concello sobre el futuro urbanístico de una parcela que alcanza los 178.403 metros cuadrados de superficie y que cambiará, con sus mil viviendas en torres de hasta 14 pisos y sus espacios públicos, la fisonomía urbanística de todo el sureste de la ciudad.
