La fiscal pide 6 meses de cárcel para un hombre que se enfrentó a los policías porque estaba tomando el sol
Los incidentes por no acatar las restricciones más duras del confinamiento de marzo de 2020, con motivo de la declaración del primer estado alarma por la pandemia sanitaria de la covid-19, se tradujeron en miles de propuestas de sanciones administrativas y en unas pocas denuncias penales. Estas últimas para los casos más graves en los que no se respetaban las disposiciones contempladas en el Real Decreto 463/20.
Las primeras fueron las más numerosas, aunque varios juzgados gallegos determinaron meses después, cuando una mínima parte fue recurrida, que la Ley de Seguridad Ciudadana no tenía encaje en estos procedimientos administrativos. La titular del Contencioso-Administrativo 1 de Ourense anuló una multa de 601 euros esta misma semana, tal como publicó la La Región, a una vecina de la ciudad a la que se abrió una expediente por una infracción grave prevista en la también conocida como ley mordaza, desobediencia a la autoridad o a su agentes en el ejercicio sus funciones cuando no sea constitutiva de delito. Además, impuso las costas a la Administración Central.
Los delitos por salidas injustificadas durante los primeros casi dos meses del estricto confinamiento que trajo el estado de alarma, con confrontación con los agentes de la autoridad incluida, se tradujeron en asuntos penales que ahora comienzan a aparecer en las agendas de los juzgados de lo penal, aunque también hubo casos que se zanjaron en los propios juzgados de instrucción a través de juicios rápidos en los que los imputados se conformaron con las penas. Según fuentes policiales, las desobediencias, resistencias y atentados a l autoridad desembocaron en unos 30 asuntos entre el 14 de marzo, cuando se declaró el primer estado de alarma, y el inicio de la desescalada en mayo. La mayor parte de las denuncias y detenciones (19) las acaparó el ya fallecido Humberto V.B., un indigente con adicción al alcohol que se negaba a acatar las limitaciones y se enfrentó a los agentes en numerosas ocasiones. Los primeros juicios rápidos por resistencia y desobediencia grave a la autoridad le llevaron ya a la cárcel a mediados de junio (falleció en septiembre).
En el Penal 1 comparecerá en el mes de julio Fernando Antonio R.N., oriundo de la República Dominicana, por atentado a agentes de la autoridad y un delito leve de lesiones. La acusación pública reclama penas de seis meses de prisión y multa de un mes a razón de seis euros al día. Está acusado de enfrentarse a dos agentes de la policía local el 22 de marzo del pasado año, sobre la una y cuarto del mediodía, cuando le instaron a abandonar la calle, ya que se encontraba tomando el sol apoyado en una barandilla de Antonio Puga, en el barrio de O Couto. Los policías, tal como recuerda la fiscalía, le instaron a abandonar el lugar recordándole que el estado de alarma que estaba en vigor en ese momento solo permitía estar en la vía pública con una justificación.
"Informado por los agentes que debía abandonar el lugar y regresar a su domicilio el acusado hace caso omiso, negándose a facilitar su identificación", asegura la fiscal. A partir, el incidente subió de nivel. Los agentes trataron de identificarlo, momento en el que el acusado, según la acusación pública, "con ánimo de atentar contra el principio de autoridad que representan los agentes se negó a subir al vehículo policial dando un fuerte empujón a uno de los agentes".
