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La segunda fase de la reforma de las pensiones acordada entre el Gobierno y los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT) trae vientos de cambio para los pensionistas ourensanos. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó ayer las modificaciones, que finalmente varían de la propuesta inicial que llevó el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, a la mesa de negociación con los agentes sociales.
Uno de los ejes de la reforma de las pensiones tiene que ver con los años cotizados que contarán para el cálculo de la jubilación. Se ofrecen, a partir de 2026, dos posibilidades: una, calcular la pensión con los últimos 25 años cotizados; otra, hacerlo con 29 años, a los que se les restarán los dos peores. La implementación de esta doble modalidad para hacer las matemáticas de la jubilación afecta a alrededor de 29.000 ourensanos, la población activa de la provincia que tiene más de 55 años y que, por lo tanto, se jubilará sí o sí antes de 2040. Esta es la cifra que estima el Instituto Nacional de Estadística (INE) en su última Encuesta de Población Activa (EPA).
El 2040 es un hito clave para comprender la reforma de las pensiones. A partir de 2041, la opción de los 25 años irá incrementando su periodo de cálculo a razón de seis meses por año. Por ejemplo, en 2043, para el cómputo de la prestación se tomarán 26,5 años. A partir de 2044, todas las cuentas se harán con el sistema nuevo, el de 29 años menos los dos peores. Mientras dure la transición, la Seguridad Social escogerá de oficio la alternativa más ventajosa para el jubilado. Por lo tanto, las 29.000 personas procedentes de la generación del “baby boom” evitarán la aplicación de la reforma en todos sus términos, algo que no se consumará hasta dentro de 21 años.
De la reforma de las pensiones no solo estaban pendientes los próximos jubilados. Uno de los grupos beneficiados por las medidas acordadas por el Gobierno es uno de los más desfavorecidos: los pensionistas que cobran la prestación mínima. En Ourense son 35.993 las personas en esta situación, representando el 38,4% del total de beneficiarios en la provincia. Es la proporción más alta de Galicia. La mayoría de este segmento de población está compuesto por mujeres, siendo el 65,1%, según los datos que publicó el Ministerio dirigido por Escrivá, tomados el 1 de febrero.
Quienes cobran lo mínimo verán incrementada su retribución en 2027. Por ejemplo, en el caso de las pensiones de jubilación contributiva destinadas a quienes tienen un cónyuge a cargo, subirán hasta los 16.500 euros anuales. Traducido a catorce pagas, significa que percibirán unos 1.178,50 euros al mes, un 22% más que los 966,20 euros actuales.
La subida de las pensiones es una buena noticia, sobre todo en Ourense. La provincia sigue estando en el furgón de cola. Tanto es así, que incluyendo los diversos tipos de prestación -jubilación, orfandad, incapacidad, etcétera- el pensionista ourensano es el que menos cobra de toda España: 1.005 euros de media, teniendo en cuenta que hay quien percibe dos pagas. La pensión en sí es también la más baja. Con 985 euros, es la única de España que no llega al millar.
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