La Asociación de Propietarios de Fincas Urbanas ofrece un servicio de mediación arbitral para facilitar la resolución conflictos entre propietarios e inquilinos en los arrendamientos, que evita recurrir a la vía judicial. La decisión del árbitro equivale a una sentencia firme.
Con el objetivo de facilitar la resolución de conflictos que surjan durante el arrendamiento de una vivienda, la Asociación de Propietarios de Fincas Urbanas de Ourense pone en marcha un sistema de arbitraje que evita tener que acudir a la vía judicial. Esto implica también una reducción del tiempo de espera hasta la resolución del conflicto y del coste del procedimiento.
Si surge algún problema, las partes se someterían al arbitrio de los abogados de la asociación (Lucila Vázquez y Flora Moure), que emitirían un laudo con plena validez legal y ratificado por un juzgado. Este sistema puede ser utilizado para cualquier contrato que realice una inmobiliaria, pero de forma especial para los arrendamientos. Igualmente, la asocia ción ofrece este servicio a propietarios que realicen contratos sin mediación de una agencia. El coste de suscripción del servicio es de 30 euros (que puede asumir propietario, inquilino o ambos según acuerden) y el coste de un proceso dependerá de la cuantía de la demanda.
Puede ser un instrumento útil para dinamizar el sector del arrendamiento, ya que las garantías que ofrece contribuirán a que a los propietarios se les quite el miedo de tener problemas con los inquilinos, explicó Roberto Fernández, presidente de la mencionada asociación.
Si surge algún problema, las partes se someterían al arbitrio de los abogados de la asociación (Lucila Vázquez y Flora Moure), que emitirían un laudo con plena validez legal y ratificado por un juzgado. Este sistema puede ser utilizado para cualquier contrato que realice una inmobiliaria, pero de forma especial para los arrendamientos. Igualmente, la asocia ción ofrece este servicio a propietarios que realicen contratos sin mediación de una agencia. El coste de suscripción del servicio es de 30 euros (que puede asumir propietario, inquilino o ambos según acuerden) y el coste de un proceso dependerá de la cuantía de la demanda.
Puede ser un instrumento útil para dinamizar el sector del arrendamiento, ya que las garantías que ofrece contribuirán a que a los propietarios se les quite el miedo de tener problemas con los inquilinos, explicó Roberto Fernández, presidente de la mencionada asociación.
